Pablo Jair Ortega
“Miguel Chiquito”
sólo se estaba echando
un Tonayán en España
y una torta de longaniza
en Nueva York,
con una bella dama
con la que hizo negocios.
Envidiosos.
—Chopenjawer
Si alguien dudaba del liderazgo de la gobernadora Rocío Nahle García, pues le comento que este miércoles 199 municipios (de los 212 que existen en Veracruz) acordaron con ella sobre el tema de los recursos bursatilizados.
Para que tenga el contexto: en 2008, estos municipios le entraron a un esquema llamado “bursatilización”, que era disponer de recursos públicos para hacer inversiones a través de despachos financieros privados; se supone que esto daría chorrocientos mil millones de varo a los Ayuntamientos, pero lo único que consiguieron fue una bicoca comparada con la deuda millonaria que se ha pagado tres veces y termina hasta 2036.
Hace apenas unos días atrás, la gobernadora Rocío Nahle presentó un plan para liquidar de una vez por todas dichas deudas, pero puso como condición que toooodos los ayuntamientos endeudados (los 199) le entraran al esquema.
Y así se cumplió: este miércoles, el Congreso del Estado confirmó que los 199 ayuntamientos involucrados en la bursatilización entregaron sus actas de Cabildo para adherirse a la Estrategia de Saneamiento Financiero Municipal
Esto representa uno de los movimientos financieros más relevantes de las últimas décadas en Veracruz, teniendo en cuenta los problemas que tuvo la entidad en esa materia, llevándolo a una crisis sin precedentes.
El mérito no es sólo por el tamaño del problema que se va a resolver, sino porque Nahle tejió e hizo política de manera fina, logrando lo que tres administraciones no pudieron en 18 años: construir consenso entre municipios de distintos partidos, para desmontarlos de un esquema que mantenía comprometidas sus finanzas, con condiciones desfavorables.
Según se sabe, la propia Secretaría de Hacienda y Crédito Público calificó el mecanismo como “inédito”. No se sabe de algo similar en los tiempos recientes de Veracruz.
¿Y por qué la gobernadora decidió sanear una deuda que correspondía a los municipios? Porque la Federación les descuenta las participaciones para pagar la deuda de la mentada y maldita bursatilización; esto impide, a su vez, que los Ayuntamientos tengan recursos para obras locales como drenaje, pavimentación, alumbrado y agua potable.
Así, durante casi dos décadas, los municipios que inicialmente recibieron alrededor de mil 200 millones de pesos cada uno cuando le entraron a la bursatilización, quedaron atrapados en una deuda con más del doble de lo recibido, que, ligada a factores inflacionarios, prácticamente siguieron como al inicio, sin reducir significativamente el capital.
Es allí donde radica el fondo político y financiero de la estrategia impulsada por la gobernadora, pues el reto no era únicamente asumir el problema que sus antecesores dejaron pasar, sino lograr unanimidad para desmontar un esquema colectivo donde bastaba la negativa de un solo municipio para impedir la salida de todos los demás.
¿Y cómo va a funcionar a grandes rasgos el esquema? Pues el Gobierno del Estado absorberá el 75 por ciento de la deuda y los municipios cubrirán el 25 restante, con una diferencia clave: el apoyo estatal no generará intereses.
Además, la meta de liquidación se adelanta de 2036 a 2030, reduciendo seis años de presión financiera para los ayuntamientos.
De acuerdo al cronograma, el 5 de junio iniciará la validación documental de los 199 municipios; el día 15 se firmará el convenio oficial del nuevo mecanismo estatal y el día 20 se realizará la sesión final de confirmación con representantes regionales.
La fase decisiva de todo este borlote comenzará en julio: el día 1, el Gobierno del Estado notificará al fideicomiso y a los tenedores bursátiles la decisión de liquidar anticipadamente la deuda; el 21 de julio se transferirán los recursos correspondientes y el 27 de julio se prevé la cancelación definitiva de los certificados bursátiles.
De cumplirse los tiempos establecidos, en agosto los ayuntamientos comenzarán a recibir completas sus participaciones federales, sin las retenciones aplicadas por Hacienda.
Pero tampoco es que dichos ayuntamientos van a tener lana para gastarla los alcaldes a su antojo, pues hay condiciones claras planteadas por el gobierno estatal: los recursos liberados deberán destinarse exclusivamente a obra pública y servicios básicos, no a gasto corriente, burocracia o espectáculos. El acuerdo incluye además una cláusula de corresponsabilidad: si un municipio desvía los recursos o incumple las condiciones, perderá el beneficio y regresará al esquema original de pagos.
La verdad, muy zopenca, zopenco o “zopenque” (por no decir “pendeje”) el alcalde que, una vez saneadas sus finanzas, las vuelva a comprometer para engordar nómina o pagar huateques con música agropecuaria y cohetes.
En términos prácticos, la estrategia devuelve capacidad de inversión a los municipios. En términos políticos, es uno de los primeros movimientos estructurales de fondo de la administración de Rocío Nahle.
Pero si alguien todavía duda del liderazgo de la gobernadora, desde este miércoles ya no deberían de tener dudas, como los municipios ya no van a tener deudas.
Al menos eso se espera, hasta agosto. Vientos.
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