XALAPA.- De acuerdo con lo publicado en el Diario Oficial de la Federación, la Agencia de Trenes y Transporte Público Integrado (Atrapi), tendrá a su cargo la planificación, regulación, supervisión, construcción, modernización, operación y mantenimiento de la red ferroviaria nacional, incluyendo tanto transporte de carga como de pasajeros, así como modalidades multimodales. Con esta nueva estructura, el gobierno busca concentrar la toma de decisiones y garantizar que la infraestructura permanezca bajo control público, aseguró Hermilo Merino Bello, secretario general de la sección 20 del sindicato ferrocarrilero. Refirió que la reciente reforma ferroviaria aprobada en México marcará un cambio en la administración y operación de las vías férreas del país, pues el Estado mexicano asumirá un papel central en la gestión de este sector estratégico y la creación de la Atrapi marca los primeros pasos para una probable nacionalización de la industria ferroviaria. El dirigente sindical señaló que aunque hasta el momento no hay información oficial, la posibilidad, no se descarta. Uno de los cambios más relevantes es el reemplazo del esquema de concesiones –que permitía a empresas privadas operar y explotar las vías durante largos periodos, a menudo superiores a 30 años– por el modelo de “asignaciones”. Bajo esta nueva figura, el Estado conserva siempre la propiedad de la infraestructura y sólo contrata a entidades públicas o privadas para tareas específicas como construcción, mantenimiento o servicios operativos. Estas asignaciones no generan derechos de explotación prolongada ni ingresos directos para las empresas, lo que reduce su papel a contratistas temporales. La reforma deja claro que las concesiones actuales seguirán vigentes en sus términos originales. Actualmente, estas cubren aproximadamente el 70 por ciento de la red ferroviaria nacional y están en manos de operadores como Ferromex, Canadian Pacific Railway (antes Kansas City Southern) y Ferrosur. No obstante, cualquier nuevo proyecto ferroviario se desarrollará bajo el modelo de asignaciones, lo que en la práctica limita la entrada de nuevos concesionarios. Por otro lado, desde el punto de vista técnico, la Atrapi enfrentará retos considerables, como compatibilizar el uso de vías entre trenes de carga –que circulan a velocidades de 60 a 80 km/h y tienen gran peso– y trenes de pasajeros –que requieren velocidades de entre 120 y 200 km/h–, lo que implica resolver diferencias de desgaste en rieles, durmientes y otros componentes. Este escenario obligará a implementar soluciones de ingeniería más costosas y a planificar mantenimientos más frecuentes. El cambio también tendrá un impacto financiero significativo: el Estado asumirá los costos de construcción, modernización, operación y mantenimiento de toda la red, dejando al sector privado únicamente ingresos por contratos de servicios. Si bien lo anterior refuerza el control estatal, también supone una carga presupuestal permanente. Por su parte, Merino Bello advirtió que esta medida podría interpretarse como un primer paso hacia una probable nacionalización de la industria ferroviaria. El dirigente sindical admitió que el fortalecimiento del papel del Estado y la desaparición de nuevas concesiones para el sector privado “serían los primeros pasos” en esa dirección, aunque aclaró que ello no implicaría afectar los derechos laborales de los trabajadores ni sus conquistas sindicales. Para el líder sindical, la reforma actual marcaría una señal de que el gobierno federal busca una mayor centralización de decisiones, lo que puede ser positivo para la planeación nacional, pero también conlleva riesgos si se reduce la participación privada en inversión y tecnología. “El control de las vías es estratégico –plantea–, pero debemos cuidar que no se convierta en un paso previo para desplazar por completo al sector privado, lo cual impactaría en empleos y en la competitividad del servicio”, concluyó.
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