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| Gobernador de BCS propone expropiar empresas; provoca inquietud en el sector privado . | ||||||
| Víctor Manuel Castro Cosío propuso “recuperar” empresas privatizadas y afirmó que expropiar “no es palabra maldita”; el sector privado enfrenta ahora un nuevo factor de incertidumbre jurídica para sus negocios e inversiones | ||||||
| Martes 15 de Septiembre de 2026 | ||||||
| Por: Excelsior | ||||||
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El gobernador Víctor Manuel Castro Cosío abrió esta semana el debate sobre la nacionalización de empresas y servicios que fueron privatizados en administraciones anteriores y planteó que sectores como la banca, las navieras, la aviación, el turismo y los ferrocarriles vuelvan gradualmente a manos estatales. La declaración adquiere una dimensión particular en Baja California Sur, una entidad cuya economía depende en buena medida del turismo, los servicios restauranteros, la construcción y las inversiones inmobiliarias, vinculadas con sus destinos de playa. Para la iniciativa privada, el punto central de la discusión no es únicamente si una expropiación es jurídicamente posible —la Constitución mexicana contempla esa figura bajo estrictas condiciones—, sino qué nivel de certeza existe para quien decide invertir capital de largo plazo en un estado, cuando desde el gobierno su titular plantea públicamente la intención de recuperar activos privados para pasarlos a manos del Estado. La declaración de Castro ocurre además cuando su administración mantiene abiertos conflictos con desarrolladores turísticos por el uso y acceso de caminos costeros en Los Cabos, el segundo destino más importante para el país. El antecedente del Camino Costero El caso más reciente es el conflicto por el llamado Camino Costero de Cabo del Este. El 9 de abril de 2025, Castro Cosío encabezó la reapertura de un camino vecinal entre San José del Cabo y Cabo Pulmo que había sido bloqueado por propietarios de predios costeros donde se contemplaban desarrollos turísticos. La disputa terminó en tribunales. Grupo Vidanta, a través de una empresa vinculada al conflicto, promovió un juicio de amparo contra las acciones de las autoridades. En mayo de 2025, un Tribunal Colegiado concedió una suspensión relacionada con los actos reclamados por la compañía. El episodio tuvo además una consecuencia económica relevante. Grupo Vidanta anunció entonces una pausa en inversiones para Los Cabos y señaló que emprendería acciones legales para reclamar lo que consideró afectaciones derivadas de la apertura de los caminos. El gobierno estatal, por su parte, sostuvo que los accesos eran patrimonio público y que no permitiría que particulares restringieran el acceso a caminos y playas. Es decir, el conflicto no quedó resuelto mediante un acuerdo político: terminó trasladándose al terreno jurídico. El dato ferroviario que no cuadra Hay además un elemento que llama la atención en el discurso del gobernador. Castro utilizó el regreso de los ferrocarriles al control del Estado como uno de sus ejemplos de recuperación de actividades privatizadas. Sin embargo, Baja California Sur no cuenta actualmente con cobertura ferroviaria. El propio Programa Sectorial de Comunicaciones y Transportes federal identifica a Baja California Sur como uno de los estados sin esta infraestructura. Y aunque la administración de Claudia Sheinbaum mantiene un ambicioso programa para construir miles de kilómetros de vías ferroviarias, los corredores anunciados no contemplan a Baja California Sur. Por ello, cuando Castro habla de que “los ferrocarriles” están regresando a manos nacionales, se refiere a una política nacional de infraestructura y participación estatal, no a una recuperación de infraestructura ferroviaria existente en Baja California Sur, algo completamente fuera de su competencia constitucional. La preocupación empresarial El temor de fondo para los inversionistas no necesariamente se limita a que exista o no una expropiación inmediata. El debate es más amplio: certeza jurídica. Empresarios que pidieron su anonimato por temor a represalias, contaron a Excélsior que una inversión hotelera, inmobiliaria o turística requiere años para recuperar capital. “Los proyectos necesitan terrenos, permisos, derechos de vía, autorizaciones ambientales, financiamiento y contratos que permitan calcular los riesgos durante décadas. Por ello, cualquier señal de que el Estado podría recuperar activos privados mediante mecanismos extraordinarios puede convertirse en un elemento adicional dentro de la evaluación de riesgo de una inversión”, señalaron. En Baja California Sur, ese debate coincide además con una intensa discusión sobre el crecimiento turístico y los límites ambientales del desarrollo. En Sierra La Laguna, por ejemplo, organizaciones ciudadanas han planteado la expropiación de terrenos como una herramienta para reforzar la protección de la Reserva. Al mismo tiempo, rancheros de la zona han advertido que una medida de esa naturaleza podría afectar a habitantes que llevan generaciones en el territorio. La propuesta pública del gobernador, por tanto, empieza a tocar dos dimensiones distintas pero relacionadas: qué puede hacer el Estado para proteger bienes considerados estratégicos y hasta dónde puede intervenir sobre propiedades y actividades privadas. No es lo mismo expropiar que regular A decir de las fuentes consultadas, para el sector privado también resulta fundamental distinguir entre expropiación, regulación y cumplimiento de la ley. Un gobierno local puede establecer restricciones ambientales, exigir permisos, sancionar actividades irregulares o impedir proyectos que incumplan las normas sin que ello implique necesariamente una expropiación. Castro no anunció una expropiación concreta contra una empresa de Baja California Sur. Tampoco presentó, en las declaraciones difundidas, una iniciativa específica para expropiar propiedades turísticas de la entidad. Pero sí defendió públicamente la posibilidad de utilizar esa herramienta cuando, a su juicio, exista un perjuicio para la sociedad. Para los inversionistas, esa diferencia es fundamental: una declaración política no equivale a un procedimiento expropiatorio. Pero tampoco deja de ser una señal sobre la manera en que un gobierno concibe la relación entre Estado, propiedad privada y sectores estratégicos. Y en una economía como la de Baja California Sur, donde grandes inversiones turísticas requieren horizontes de largo plazo, esa señal será inevitablemente observada por quienes tienen que decidir dónde colocar su capital. La pregunta que queda sobre la mesa no es si el Estado tiene facultades para intervenir cuando la ley lo permite. Es otra: qué tan predecible será el entorno jurídico para quien invierta hoy pensando en permanecer durante las próximas décadas en Baja California Sur. Excélsior buscó a la Asociación de Bancos de México (ABM) para solicitar su postura sobre las declaraciones del gobernador de Baja California Sur sobre su propuesta de expropiar bancos privados, a lo que contestaron que simplemente no habrá respuesta. Expropiar áreas protegidas es inviable Expropiar terrenos por parte del gobierno de Baja California Sur, que encabeza Víctor Castro Cosío, denominados de Turismo de Bajo Impacto como el de Sierra La Laguna abriría otro conflicto, afirman en el Consejo de Rancheros del Área Natural Protegida, empresarios que advierten sobre un riesgo de despojo. “La reserva ya cuenta con protección federal desde 1994; rancheros cuestionan que la solución sea quitar derechos de propiedad o posesión a quienes han vivido por generaciones en la zona”, señalaron. La expropiación de terrenos dentro de la Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna no sería un procedimiento automático ni una medida que pueda aplicarse únicamente por tratarse de una zona ambientalmente estratégica. En México, la adquisición forzosa de propiedad privada por parte del Estado requiere que exista una causa de utilidad pública prevista en la ley y que se siga el procedimiento correspondiente. En ese contexto, mientras activistas y organizaciones civiles impulsan la posibilidad de expropiar predios para reforzar la protección de la Sierra, habitantes de la zona advierten que una medida de este tipo podría abrir un nuevo conflicto: afectar los derechos de rancheros que han vivido durante décadas —y en algunos casos generaciones— dentro del Área Natural Protegida. Rosario Guadalupe Rosas, integrante del Consejo de Rancheros del Área Natural Protegida y dedicada desde hace 30 años al turismo de bajo impacto, manifestó su rechazo a una eventual adquisición forzosa de terrenos. “Claro que estoy en contra, porque aquí se maneja un tema muy grande: Sierra La Laguna y Sierra La Laguna somos todos. Son 112 mil hectáreas donde viven rancheras y rancheros”, señaló. La dimensión territorial de la discusión es relevante. La Reserva de la Biosfera Sierra La Laguna tiene una superficie de 112 mil 437 hectáreas y fue decretada como Área Natural Protegida el 6 de junio de 1994. Su protección no depende de una eventual expropiación: el decreto de creación y el Programa de Manejo establecen reglas para la propiedad, posesión y aprovechamiento de los terrenos que se encuentran dentro de la Reserva. De acuerdo con Rosas, uno de los principales riesgos de llevar adelante una expropiación sería que la medida termine afectando a personas que carecen de títulos formales de propiedad, pero que mantienen una relación histórica con la tierra. |
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