Analizando eventos que marcan tendencia en América Latina, aparecen los mecanismos de control social e institucional, que muestran que la censura del siglo XXI no se ejecuta con el despliegue de fuerzas militares en los medios de comunicación impresa o digital, ni con la clausura de estaciones de televisión. La estrategia actual es más sofisticada, por el uso del propio marco legal y regulatorio para sofocar la libertad de expresión bajo la fachada de causas éticas e inobjetables.
Bajo la narrativa oficial de combatir la "desinformación", prevenir discursos de odio o tutelar los "derechos de las audiencias", gobiernos identificados con la izquierda contemporánea han edificado estructuras jurídicas y administrativas que conducen, en la práctica, al control sobre las libertades civiles y a la erosión de la democracia.
El caso paradigmático de este modelo se ubica en Brasil con la figura del ministro Alexandre de Moraes, integrante del Supremo Tribunal Federal y expresidente del Tribunal Superior Electoral, que ha concentrado un nivel de influencia inédito al asumir de manera simultánea las funciones de investigador, fiscal y juez. A través de expedientes como el denominado Inquérito das Fake News, abierto de oficio y sin la intermediación de la Fiscalía General, se han ordenado censuras cautelares, congelamiento de cuentas bancarias de empresarios y legisladores, y la remoción de perfiles en plataformas digitales.
El punto álgido de esta doctrina se manifestó con la suspensión total de la red social X en territorio brasileño. Aunque estas medidas se justificaron inicialmente como un dique necesario contra la desestabilización democrática, el efecto colateral ha sido la instauración de una "juristocracia" que quebranta el debido proceso y genera un severo efecto inhibitorio, forzando la autocensura de comunicadores y ciudadanos.
En Colombia, bajo el gobierno de Gustavo Petro, la estrategia adquiere una dimensión tripartita. En primer lugar, mediante el impulso de proyectos legislativos para responsabilizar a las plataformas tecnológicas del contenido que albergan, lo que empuja a las empresas privadas a actuar como jueces cautelares. En segundo término, con el uso de la pauta publicitaria estatal como mecanismo de asfixia financiera indirecta, redirigiendo recursos públicos hacia medios afines mientras se castiga a los medios tradicionales de investigación. Finalmente, esta estructura se complementa con la confrontación directa e intimidatoria desde el poder, contra periodistas y analistas, tachando la labor informativa de "golpe blando" o servilismo corporativo.
Venezuela y México también tienen sus puntos coincidentes con ésta misma línea estratégica de control de los medios informativos y de la libertad de expresión de sus ciudadanos todavía en un entorno democrático, lo que definitivamente no sucede en Cuba y Nicaragua, donde no hay libertad de expresión y los medios de comunicación son propiedad del estado.
Por ahora hasta aquí llegó mi pienso. |
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