Recientemente se desató una polvareda sabrosa en redes por la ocurrencia de una abogada e influencer, quien sugirió que, para tener derecho a votar, los ciudadanos deberían pasar un examen previo de formación ciudadana. En otros foros, como para no quedarse atrás, volvió a sonar la idea de votar por familia, otorgando esa facultad al "jefe de hogar". La puntada llegó hasta el atril de la mañanera, dándole a la titular del Ejecutivo la oportunidad de desenfundar el libreto habitual: descalificación inmediata y viaje exprés en el tiempo, salpicando desde Calderón hasta Porfirio Díaz.
Sin embargo, la ocurrencia nos cae como anillo al dedo para voltear el espejo hacia donde verdaderamente duele: el Congreso. Porque si de votar sin saber, sin pensar y por instrucción del "jefe de familia" se trata, nadie supera a nuestros legisladores federales y locales.
Bien valdría la pena hacer una pausa y analizar el valor real del voto popular frente al devaluado voto legislativo.
En el discurso oficial, los partidos políticos se llenan la boca hablando de igualdad, equidad de género y representatividad. Nos venden con bombo y platillo listas donde entran comunidades indígenas, grupos étnicos, diversidad sexual y personas con discapacidad. Pero, ¡ah, gato por liebre! Una vez que rinden protesta, a todos ellos les expropian la voluntad y el pensamiento. Sus causas son disueltas para convertirlos en simples levantadedos bajo la batuta del coordinador de su bancada.
Si consideramos que en las cámaras se cocinan y deciden las leyes que rigen la vida de más de 120 millones de mexicanos, el verdadero examen de conocimientos, capacidad, autonomía y carácter debería ser obligatorio para los aspirantes a una curul. Exigirles probar que van a privilegiar el bien común por encima de las órdenes de su partido no es un lujo: es una necesidad de supervivencia democrática.
La historia reciente nos ha enseñado que las candidaturas por tómbola y las cuotas entendidas como adorno convirtieron al Congreso en un circo de tres pistas. En ese escenario, la ignorancia se colocó en el podio de honor, escoltada de cerca por la obediencia ciega y el espectáculo grotesco de sombrerazos, gritos y descalificaciones. La cordura, el debate de altura y la experiencia se quedaron esperando afuera, en la banqueta.
Ahora bien, tocando el punto del voto como derecho y obligación constitucional, valdría la pena aplicar la regla con parejura. Si el sufragio es un deber cívico, conectemos esa obligación con el acceso a ciertos trámites administrativos del Estado, exigiendo la constancia de participación electoral como muestra de compromiso ciudadano. Países vecinos lo hacen y han borrado el abstencionismo de un plumazo.
Sin embargo, seamos realistas: el verdadero cáncer en México no es que la gente no sepa cómo funciona el Estado, sino que siente que su voto no sirve para nada. Mientras la ciudadanía perciba que gane quien gane las cosas no cambian en su colonia, el abstencionismo seguirá siendo un mensaje político de protesta. Un mensaje que, tristemente, la partidocracia aplasta en cada elección a punta de programas sociales y acarreo, transformando el voto con acordeón en mano en una auténtica burla a la democracia. Porka Miseria. |
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