La presentación de listas oficiales de comunicadores señalados como partícipes de campañas de desprestigio de la 4t, además de la iniciativa para regular los derechos de las audiencias mediante sanciones por información "falsa", enciende alarmas que van más allá de, si el periodismo puede cometer errores, sino la pregunta de fondo: ¿quién determina si lo dicho por los comunicadores es verdad o mentira en un Estado constitucional de derecho?
Exigir por vía legal que la información sea "veraz" para circular libremente es un anzuelo doctrinario. La jurisprudencia interamericana ha advertido que la libertad de prensa no tutela solo las afirmaciones exactas o cómodas para el gobernante en turno, sino el margen razonable de debate sin temor a represalias. Otorgar a una dependencia gubernamental la facultad de calificar la veracidad de una noticia equivale a reinstaurar, por la puerta trasera, la censura previa.
No hace falta especular sobre algunas coincidencias, como podría ser la experiencia venezolana. En 2004, el gobierno de Hugo Chávez promulgó la Ley Resorte, presentada como herramienta para proteger a la infancia y dignificar a los televidentes, pero construida sobre conceptos ambiguos como el "desconocimiento de las autoridades legítimamente constituidas". CONATEL mutó de ser un ente técnico a brazo sancionador discrecional. El resultado no fue mejor periodismo, sino la asfixia progresiva del ecosistema informativo; la principal televisora salió del aire en 2007 por el vencimiento de su concesión, otros medios cambiaron de dueños y línea editorial al ser adquiridos ventajosamente por empresarios afines al gobierno. En 2017 la Ley contra el Odio elevó las penas hasta 20 años de cárcel, alcanzando ya no solo redacciones, sino a ciudadanos que denunciaban fallas de servicios en redes sociales.
Pudiera ser irresponsable trazar una equivalencia lineal con México, porque todavía estamos lejos del modelo venezolano, pero ignorar las coincidencias sería ingenuo. Porque ya se vienen dando pasos conocidos, como la estigmatización de voces críticas mediante esas listas nominativas, en la que el gobierno se asume como víctima de una conspiración mediática, lo que suena a “justificación” para acelerar el establecimiento de disposiciones legales para dotarlo de capacidades punitivas sobre el flujo de información.
El mayor riesgo no son las sanciones inmediatas, sino el efecto inhibitorio sobre las redacciones. Cuando un periodista sabe que cuestionar un dato oficial puede costarle ser señalado en un listado gubernamental, la tendencia natural es la autocensura: no por un policía en la puerta de su casa, sino por la amenaza latente de la red fanática de defensores del oficialismo.
La experiencia latinoamericana demuestra que la democracia no se destruye de golpe, sino mediante el desmantelamiento pausado de sus garantías informativas. Defender los derechos de las audiencias es legítimo, pero solo si se construye con mecanismos de autorregulación independientes y defensorías sin interés político. Aceptar que el gobierno en turno se erija en tribunal supremo de la verdad es entregarle el derecho a la información y la libertad de expresión. La verdad no se decreta desde el poder, se busca, se confronta y se califica por la libre decisión de una sociedad adulta e inteligente. #EsMiPienso. |
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