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XALAPA.- Al cumplirse once años del multihomicidio registrado el 31 de julio de 2015 en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México, diversas organizaciones civiles insistieron en que debe analizarse la línea de investigación en relación con las amenazas que sufrieron dos de las víctimas en el gobierno de Javier Duarte. De igual forma, denunciaron que permanece incumplida la Recomendación 04/2017 sobre las irregularidades cometidas durante la investigación, mientras las autoridades no han determinado quién ordenó el asesinato de las cinco personas, entre ellas de los periodistas Rubén Espinosa y Nadia Vera. Y es que, de acuerdo con un pronunciamiento, las organizaciones civiles señalaron que desde el año 2000 han sido asesinados 34 periodistas en la entidad y otros siete permanecen desaparecidos. En este marco, la Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental (Lavida) señaló que, pese a las sentencias contra tres autores materiales, el caso sigue sin esclarecerse por completo y las indagatorias no han alcanzado a los posibles autores intelectuales. Rubén Espinosa, Nadia Vera, Yesenia Quiroz, Alejandra Negrete y Mile Virginia Martín fueron asesinados en un departamento de la colonia Narvarte, en la Ciudad de México. A través de un pronunciamiento difundido este jueves, las organizaciones sostuvieron que la Recomendación 04/2017, emitida por la entonces Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México, continúa sin cumplirse. Dicho documento acreditó omisiones y violaciones cometidas por las autoridades durante la integración de la investigación y estableció medidas para reparar el daño, corregir las irregularidades y agotar las líneas pendientes. Sin embargo, las agrupaciones afirmaron que aún no se esclarecen las comunicaciones telefónicas relacionadas con el caso, la posible participación de otras personas, el uso de vehículos vinculados con el crimen ni las omisiones registradas durante las diligencias. También indicaron que permanece inconclusa la línea de investigación sobre una posible persecución política contra Espinosa y Vera, quienes habían denunciado amenazas y actos de hostigamiento antes de salir de Veracruz. Las organizaciones señalaron que esa línea debía analizarse en relación con el gobierno de Javier Duarte, cuando ambos abandonaron el estado por razones de seguridad. Señalaron que las condenas contra los responsables materiales no explican el motivo del multihomicidio ni permiten establecer quién lo planeó, ordenó o financió. Lavida advirtió que la falta de resultados en el caso ocurre en un contexto de violencia contra periodistas y personas defensoras de derechos humanos en Veracruz. De acuerdo con el pronunciamiento, desde el año 2000 han sido asesinados 34 periodistas en la entidad y otros siete permanecen desaparecidos. Las organizaciones mencionaron entre los casos registrados durante 2026 los homicidios de Carlos Castro, en Poza Rica; Roxana Berenice Guzmán Ramírez, en Nanchital, y Luis Ángel López Valdés. También cuestionaron la actuación de la Comisión Estatal para la Atención y Protección de los Periodistas y de los mecanismos federales, al considerar que no han garantizado condiciones de seguridad para el ejercicio periodístico. Sostuvieron que las amenazas, los desplazamientos y los homicidios continúan mientras las investigaciones se concentran en los ejecutores y no avanzan hacia quienes ordenan las agresiones. Las agrupaciones exigieron cumplir la Recomendación 04/2017, agotar las líneas de investigación pendientes e identificar a quienes planearon y ordenaron el multihomicidio. “Verdad, memoria y justicia para Rubén, Nadia, Yesenia, Alejandra y Mile Virginia”, concluyeron.
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