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XALAPA.- En el marco del Primer Informe de Resultados del Órgano de Administración Judicial, el abogado penalista Tomás Mundo Arriasa confirmó la subordinación del Poder Judicial del Estado, tanto por la presencia de la gobernadora Rocío Nahle, como por la decisión de realizar el acto sin acceso a medios de comunicación. El jurista acusó que en las cárceles de Veracruz hay más de 9 mil personas privadas de la libertad y que alrededor de 5 mil 500 se encuentran bajo prisión preventiva. De acuerdo con el abogado penalista, la reforma judicial modificó la estructura de los tribunales de Veracruz, pero no garantizó su independencia frente al Ejecutivo estatal. “Lo que vi confirma lo que se escucha en los pasillos: una sumisión. Está bien que haya coordinación, pero lo que ha faltado en los tribunales es independencia judicial”, insistió. El informe, correspondiente al periodo de septiembre de 2025 a junio de 2026, fue presentado el pasado viernes ante representantes de los poderes públicos. Durante el acto, la presidenta del Órgano de Administración Judicial, Alma Rosa Flores Ceballos, defendió el modelo derivado de la reforma constitucional de 2024 y aseguró que la separación de las tareas administrativas y jurisdiccionales permite a jueces y magistrados concentrarse en resolver los asuntos. Aunque en el mensaje se habló de transparencia y rendición de cuentas, el acceso a reporteros fue restringido y la ceremonia sólo pudo seguirse mediante la transmisión institucional. Al respecto, Tomás Mundo consideró que el formato contradijo el discurso de apertura y evitó revisar las condiciones en las que se imparte justicia. “No hay una independencia que permita a los juzgadores resolver conforme a Derecho. Lo vivimos en las salas de audiencia”, reiteró. El jurista señaló que algunos jueces le han reconocido que dentro del sistema se privilegia el número de sentencias condenatorias, lo que puede influir en la valoración de las pruebas y en la argumentación de los fallos. “Algunos jueces que tienen el valor nos han dicho que entre más sentencias condenatorias se dicten, mejor”, aseguró. Mundo Arriasa lamentó que los principios de razonamiento probatorio, motivación de las decisiones y valoración racional de la prueba sean desplazados por el interés de alcanzar indicadores estadísticos. Desde su perspectiva, el informe se concentró en asuntos administrativos y dejó fuera la forma en que los órganos jurisdiccionales aplican la ley. Por lo anterior, el abogado pidió que Nahle se reúna con la presidenta del Tribunal Superior de Justicia, el Tribunal de Disciplina Judicial y el Órgano de Administración para revisar el funcionamiento de los tribunales, las medidas cautelares y los criterios utilizados en las sentencias. “Se hablaba de que la justicia está caminando y de que hay transparencia. Eso no es cierto. La realidad se vive todos los días en los tribunales”, sostuvo. Afirmó que las medidas cautelares no se revisan periódicamente y que, cuando se celebran audiencias, los jueces suelen mantener el encarcelamiento. “Tenemos más de 5 mil 500 presos en prisión preventiva. No hay revisión de medidas cautelares y, en los pocos casos donde hay audiencia, los jueces confirman la prisión”, aseguró. El abogado citó la sentencia del caso Carranza Alarcón contra Ecuador, emitida por la Corte Interamericana de Derechos Humanos, cuyos criterios obligan a revisar si persisten las razones para mantener a una persona en prisión preventiva. Aseguró que entregó tres escritos a la presidencia del Tribunal Superior de Justicia para solicitar que se atienda esa obligación, pero no ha recibido respuesta. “Hay 5 mil 500 presos, pero también hay 5 mil 500 familias afectadas por el abuso de la prisión preventiva”, manifestó. En el marco del Día del Abogado, pidió a los diputados federales no ampliar el catálogo de delitos sujetos a prisión preventiva oficiosa previsto en el artículo 19 de la Constitución. Explicó que esa medida permite encarcelar a una persona imputada sin que el Ministerio Público justifique la necesidad de la cautela y sin que un juez valore otras alternativas. Mundo Arriasa sostuvo que la evaluación de la reforma judicial no debe limitarse a cambios administrativos, reglamentos, reorganización de juzgados o trabajos en inmuebles. En ese sentido, planteó revisar la calidad de las resoluciones, la preparación de los peritos y los criterios aplicados por jueces y magistrados. Como ejemplo, señaló que durante una audiencia solicitó que una prueba fuera practicada por un especialista en psicología forense y no por una psicóloga clínica, conforme a criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Sin embargo, afirmó que la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia consideró que la diferencia correspondía a una “etiqueta formal”. “Eso nos preocupa porque muestra la forma en que están resolviendo, lejos de los argumentos jurídicos que deben sostener una decisión”, concluyó el abogado.
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