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| Iniciativa contra la extorsión podría validar pruebas obtenidas mediante tortura, alerta el Centro Prodh. | ||||||
| De acuerdo con el gobierno federal, entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un aumento del 5.2 % respecto al mismo periodo del año anterior, y la cifra más alta para este periodo desde 2015. | ||||||
| Miércoles 22 de Octubre de 2025 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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A través de un hilo publicado este miércoles en la red social X, la organización señaló que el artículo 27 del proyecto “enciende una señal de alerta grave en materia de derechos humanos”, al incorporar previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de pruebas derivadas de violaciones a derechos fundamentales. “Específicamente, el artículo 27 podría representar un fuerte retroceso en la protección del debido proceso, pues incorpora previsiones contrarias a los estándares internacionales sobre la exclusión de la prueba derivada de violaciones a derechos humanos, retomando precedentes de hace más de una década (conocida como la doctrina del ‘nexo atenuado’ o ‘descubrimiento inevitable’)”, señaló el Centro Prodh. El texto de la iniciativa, en su artículo 27, establece: “La autoridad judicial, para resolver cualquier incidente de nulidad o exclusión de pruebas que haga valer la persona imputada o su defensa, durante un procedimiento seguido por algún delito previsto en esta Ley, por considerar que fueron obtenidas con violación de derechos humanos, deberá analizar oficiosamente si se actualiza la fuente independiente, el vínculo atenuado o el descubrimiento inevitable sobre las mismas.” De acuerdo con el Centro Prodh, esta redacción implica que “una prueba obtenida mediante una violación a derechos humanos, como la tortura, podría ser validada bajo ciertas excepciones”. Recordó que cuando se discutió la Ley General sobre Tortura, el gobierno también buscó incluir esos criterios, lo que en su momento fue rechazado por el Congreso. “Las y los legisladores en su momento rechazaron incluir estas excepciones. De ser aprobado así, se vulneraría el principio de exclusión absoluta que protege el debido proceso, como previsto por la Corte IDH en casos como el de #CampesinosEcologistas”, advirtió el Centro. El antecedente del caso de los campesinos ecologistas El Centro Prodh citó como ejemplo el caso de Rodolfo Montiel y Teodoro Cabrera, campesinos ecologistas de la sierra de Petatlán, Guerrero, quienes fueron detenidos y torturados por militares en 1999 tras su activismo contra la tala ilegal. Ambos fueron obligados a firmar declaraciones autoinculpatorias y condenados por delitos que no cometieron. Con el acompañamiento del Centro Prodh, el caso fue llevado ante la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH), que en 2010 declaró al Estado mexicano responsable de violar los derechos a la libertad personal, integridad y garantías judiciales de los activistas. En su sentencia, la Corte IDH estableció de manera categórica el principio de exclusión absoluta de pruebas obtenidas bajo tortura o tratos crueles, ordenando al Estado reformar su marco jurídico y garantizar que ninguna jurisdicción, incluida la militar, investigue o valide pruebas derivadas de violaciones a derechos humanos. El proyecto del Ejecutivo contra la extorsión El pasado 17 de octubre, la presidenta Claudia Sheinbaum anunció el envío al Congreso de la iniciativa de Ley General para Prevenir, Investigar y Sancionar los Delitos en Materia de Extorsión, con el objetivo de que el delito se persiga de oficio en todo el país, se unifique su tipificación y se impongan penas de hasta 15 años de prisión, con agravantes como el “cobro de piso” o la comisión del delito desde centros penitenciarios. La consejera jurídica del Ejecutivo, Ernestina Godoy, explicó entonces que el proyecto busca crear un marco jurídico uniforme y fortalecer la coordinación entre autoridades de los tres niveles de gobierno. “Esta iniciativa fue construida en una mesa técnica por varias dependencias del gobierno de México”, precisó. La extorsión, un delito en expansión De acuerdo con el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SESNSP), entre enero y septiembre de 2025 se registraron 8 mil 585 víctimas de extorsión, un aumento del 5.2 % respecto al mismo periodo del año anterior, y la cifra más alta para este periodo desde 2015. El 49 % de los casos se concentran en Ciudad de México, Estado de México y Guanajuato, mientras que entidades como Chiapas, Nayarit y la propia capital registraron los mayores incrementos. Según la organización México Evalúa, la extorsión se ha consolidado como uno de los “mecanismos más persistentes de control criminal” y ha crecido en 17 entidades durante 2025, incluso pese al despliegue de la estrategia nacional iniciada en julio de este año. |
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