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| Guanajuato: Empresa acusada de trata de personas firma acuerdo reparatorio. | ||||||
| La indígena Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa, tiene siete meses de embarazo y acusó al personal de la Fiscalía de quitarle 40 mil pesos que ahorró, con su marido, durante un año. | ||||||
| Sábado 20 de Septiembre de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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La FGE difundió que el 19 de septiembre hizo un recorrido de verificación en el Rancho El Ramillete “con el objetivo de constatar los avances en el cumplimiento de los compromisos establecidos en el acuerdo reparatorio en favor de los trabajadores agrícolas”. “Este proceso tiene su origen en una Carpeta de Investigación iniciada el 8 de julio de 2025, a raíz de la identificación de un grupo de trabajadores como víctimas directas de violaciones a sus derechos humanos y laborales”, puntualizó la Fiscalía, pero ya no menciona el delito de trata de personas. El acuerdo reparatorio “marca un hito importante” en la consolidación de una justicia con enfoque humanista, con el objetivo de garantizar la salud, la educación, la vivienda digna y condiciones laborales justas. Explicó que buscó impulsar una salida restaurativa que priorizara la reparación integral del daño, basada en principios como la justicia con dignidad, la escucha activa y la acción institucional coordinada. Sin embargo, la Fiscalía no detalló el contenido del acuerdo reparatorio; solo menciona que será monitoreado permanentemente con la finalidad de garantizar que haya beneficios reales, tangibles y sostenibles para las personas afectadas. “Este ejercicio pone de manifiesto una nueva visión de justicia que no solo se basa en la sanción, sino que también prioriza la escucha activa, el acompañamiento y, sobre todo, la reparación integral de las personas involucradas”, remata. El caso El 11 de julio, la dependencia informó que inició “una carpeta de investigación por el delito de trata de personas con fines de explotación laboral, luego de una intervención realizada en un rancho”. En esa fecha mencionó que, como resultado de una orden de cateo, fueron encontradas unas 700 personas de Guerrero, Chiapas, Oaxaca y Veracruz en condiciones de vulnerabilidad. El operativo fue encabezado por el fiscal, Gerardo Vázquez Alatriste. “Este operativo forma parte de la estrategia integral para la erradicación de delitos que vulneran la dignidad y los derechos humanos, priorizando una visión humanista y centrada en la atención a las víctimas”, sostuvo. Puntualizó que en el cateo fue encontrada una persona con posesión de narcóticos. El 17 de julio, el representante legal de Agroverdi, José de Jesús Espinoza Moreno, realizó un recorrido con los medios en la zona de dormitorios de los jornaleros, donde la FGE hizo el cateo. El abogado acusó al fiscal de montar un “circo”; además, advirtió que denunciaría al funcionario por abuso de autoridad ante la Fiscalía General de la República (FGR). La FGE cometió varios atropellos, entre los que destacan que se llevaron ahorros de los trabajadores agrícolas y 289 mil pesos para el pago de nóminas, acusó. La indígena Manuela Díaz Ramírez, originaria de Ayotzinapa, tiene siete meses de embarazo y acusó al personal de la Fiscalía de quitarle 40 mil pesos que ahorró, con su marido, durante un año. “Se llevaron 40 mil y pues no nos creyeron si era de nosotros ese dinero, creían que el dinero era robado, que o la mejor nos dedicamos a otra cosa, pero ese dinero era del trabajo que nosotros trabajábamos”, denunció en esa ocasión. |
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