De Veracruz al mundo
Si bien no dirigió su respuesta a alguien en particular, su declaración ocurrió después de que la semana pasada la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo cuestionó desde Palacio Nacional el propósito de dicha sesión extraordinaria..
Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a principios de agosto por la jueza Sandra Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un inédito fallo de primera instancia contra un expresidente en el país.
Martes 19 de Agosto de 2025
Por: La Jornada
Bogotá.- Una organización defensora de los derechos de los jueces en Colombia informó el martes que pidió medidas cautelares de protección a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos para la jueza que condenó al influyente expresidente Álvaro Uribe Vélez porque ha sido amenazada de muerte.

Uribe Vélez, quien gobernó Colombia entre 2002 y 2010, fue condenado a principios de agosto por la jueza Sandra Heredia a 12 años de prisión domiciliaria por los delitos de fraude procesal y soborno a testigos en un inédito fallo de primera instancia contra un expresidente en el país.

El fallo fue apelado por la defensa de Uribe Vélez, quien siempre se ha declarado inocente, por lo que será el Tribunal Superior de Bogotá el encargado de decidir en segunda instancia.

Tras la sentencia de primera instancia, miles de personas marcharon en las principales ciudades del país para respaldar al conservador Uribe Vélez, quien continúa generando una marcada admiración en un sector de la población y es el jefe del principal partido de oposición al gobierno del izquierdista Gustavo Petro.

El Fondo de Solidaridad con el Poder Judicial Colombiano, la organización no gubernamental que elevó la solicitud de protección, aseguró en un comunicado que la jueza esta en “evidente peligro por las declaraciones altisonantes del procesado, sus familiares y partidarios políticos”.

Agregó que ha recibido amenazas de muerte y es blanco de campañas de desprestigio con la “formulación de epítetos inaceptables al tildarla como aliada de la insurgencia armada”.


El Fondo instó al gobierno colombiano a otorgarle medidas de protección a la jueza Heredia y a la fiscalía a agilizar las investigaciones de una denuncia por hostigamiento y amenazas presentada por la jueza.

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