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| Verificar idoneidad de perfiles de aspirantes a jueces y magistrados, pide diputada. | ||||
| · El fortalecimiento del Poder Judicial debe partir de la selección rigurosa, transparente y fundamentada de sus integrantes, afirma Hilda Nava Seseña. | ||||
| Jueves 29 de Mayo de 2025 | ||||
| Por: Congreso del Estado | ||||
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Para que la Fiscalía General del Estado (FGE) y el Organismo Público Local Electoral (OPLE), ambos del estado de Veracruz, realicen las investigaciones y verificaciones correspondientes a todos los candidatos a ocupar cargos de magistradas, magistrados, juezas y jueces en el próximo proceso electoral, la diputada Hilda Nava Seseña presentó un Anteproyecto de Punto de Acuerdo. En el uso de la voz, la legisladora consideró urgente reforzar los mecanismos de garantía institucional que aseguren la idoneidad de los perfiles que integrarán el Poder Judicial del Estado, toda vez que la confianza ciudadana en las instituciones de justicia se funda en los principios de probidad, imparcialidad, independencia y solvencia moral de quienes las conforman. “La omisión en la revisión exhaustiva de antecedentes podría derivar en la infiltración de intereses ajenos en una de las instituciones más sensibles del estado”, señaló, por lo que exhortó a verificar el cumplimiento de los requisitos legales de honorabilidad, trayectoria ética y antecedentes libres de conductas que pudieran comprometer la imparcialidad, independencia y rectitud exigidas para el ejercicio de la función jurisdiccional. En este sentido, hizo un llamado a la FGE para que, como organismo autónomo encargado de la procuración de justicia, realice las investigaciones orientadas a determinar la existencia de antecedentes penales, denuncias, investigaciones en curso o cualquier otro elemento que pudiera comprometer la idoneidad del aspirante a juez y magistrado. En cuanto al OPLE, su contribución con los mecanismos de verificación de requisitos formales y de buena reputación, dada su experiencia en procesos electorales. “La propuesta pretende fortalecer la autonomía de las instituciones responsables del proceso de designación y coadyuvar, desde el ámbito legislativo, en la garantía de que las personas que accedan a estos cargos reúnan cabalmente las condiciones de legalidad, ética y legitimidad”, finalizó. |
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