XALAPA.- Como parte de la reorganización administrativa del gobierno estatal, la gobernadora Rocío Nahle García envió al Congreso local una iniciativa de reforma al Código Financiero del Estado con el objetivo de que la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) concentre la revisión, dictamen e integración de todos los pasivos y adeudos de dependencias, organismos públicos descentralizados y municipios. La propuesta incluye adeudos relacionados con el Impuesto Sobre Remuneraciones y establece que no se podrán agregar nuevos pasivos dentro del mismo ejercicio fiscal. Cualquier adeudo adicional deberá incorporarse al ejercicio siguiente, previa dictaminación y justificación por parte de la Sefiplan. “Se busca imponer una política financiera con disciplina rigurosa para corregir prácticas que mantienen una problemática permanente y persistente con los pasivos de cualquier índole”, aseguró la mandataria en la exposición de motivos. Entre los pasivos que se pretende controlar se encuentran deudas con el SAT, la Secretaría de Hacienda, el IMSS, Fovissste, Infonavit y el Instituto de Pensiones del Estado (IPE). La reforma también establece que la Sefiplan podrá revisar tanto el ejercicio fiscal inmediato anterior como meses específicos del año en curso y una vez emitido el dictamen no se permitirá incluir pasivos adicionales. Además, se propone que dependencias y municipios queden exentas de emitir sus propios dictámenes sobre el impuesto a las erogaciones por remuneraciones al trabajo personal, tarea que será asumida por Sefiplan. El decreto contempla un plazo de 90 días naturales a partir de su entrada en vigor para que la Secretaría haga las adecuaciones normativas y reglamentarias necesarias. “Se contribuye al crecimiento económico y bienestar social de los veracruzanos mediante una gestión financiera eficiente”, concluye el documento. Por otro lado, el gobierno de Veracruz publicó un decreto en la Gaceta Oficial del Estado por el cual autoriza a la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) a utilizar los recursos obtenidos por verificación vehicular para la modernización del transporte público de pasajeros. De acuerdo con el artículo 2 del documento, se otorgan a la Dirección General de Verificación Ambiental Vehicular facultades sustanciales para administrar, operar, planear, controlar y supervisar los procesos de verificación vehicular en todo el estado. Además, esta dependencia podrá establecer lineamientos técnicos y propuestas normativas para el funcionamiento de los centros de verificación, así como dar seguimiento a los ingresos derivados de este proceso. En el artículo 3, se establece que dichos recursos serán depositados en un fideicomiso público, irrevocable de administración, inversión y pagos, que será destinado exclusivamente a proyectos de modernización del sistema de transporte público en el estado de Veracruz. Por último, el artículo 4 instruye la transferencia total de facultades y recursos –humanos, materiales, financieros y tecnológicos– desde la Secretaría de Medio Ambiente (Sedema) hacia la nueva Dirección General de Verificación Ambiental Vehicular, para la operación integral del programa de verificación vehicular. Con este decreto, el gobierno de Veracruz busca fortalecer la infraestructura del transporte público mediante el aprovechamiento de recursos generados por la verificación ambiental, un tema que ha generado debate en torno a su aplicación y destino final. Así las cosas.
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