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| Persisten en México 'desafíos y obstáculos' para cumplir en materia de DH: CIDH. | ||||||
| Entre ellos, expuso que observó un “debilitamiento institucional" en cuanto a búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que afecta la capacidad del Estado para garantizar la instrumentación de la Ley General sobre desaparición. | ||||||
| Jueves 08 de Mayo de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Entre ellos, expuso que observó un “debilitamiento institucional" en cuanto a búsqueda e identificación de personas desaparecidas, que afecta la capacidad del Estado para garantizar la instrumentación de la Ley General sobre desaparición. Asimismo, señaló que “el traslado” de la Guardia Nacional a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) y la participación de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad ciudadana representan “un retroceso en la aplicación de estándares internacionales". En el documento publicado hoy, la CIDH dio a conocer que de las 80 recomendaciones sobre seguridad ciudadana, desapariciones, tortura, ejecuciones extrajudiciales, acceso a la justicia, personas en situación de vulnerabilidad, libertad de expresión, entre otras, que datan de 2015, se observa que el 22.50 por ciento se encuentran en cumplimiento total, el 40 por ciento en cumplimiento parcial, el 12.50 por ciento permanecen pendientes, el 1.25 por ciento están incumplidas y el 2.50 por ciento tienen un cierre de seguimiento. Estos datos, afirmó, representan un avance significativo en comparación con el informe de 2023. Indicó que el informe de seguimiento de 2024 revela un panorama mixto: Existen “ciertos progresos” en áreas como la profesionalización y fortalecimiento de los cuerpos policiales y la adopción de políticas públicas para la atención de la salud mental y las adicciones, así como en el establecimiento de sistemas de información desagregada que abordan la violencia contra grupos vulnerables. Sin embargo, subrayó que persisten desafíos significativos, particularmente en el ámbito de la “militarización de la seguridad pública”. Reiteró que este enfoque contraviene las recomendaciones de organismos internacionales como la CIDH”, que han abordado los riesgos inherentes. Refirió que la Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos expresó “el potencial impacto de esta modificación en el aumento de las desapariciones forzadas y la impunidad es extremadamente preocupante”. Advirtió que el Estado mexicano ha instrumentado una serie de acciones y conductas que reiteradamente “ignoran, obstaculizan o impiden el cumplimiento” de la recomendación sobre desarrollar un plan para el retiro gradual de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Sobre el problema de la desaparición de personas, que según cifras oficiales hay más de 128 mil casos, la CIDH expuso que en 2024 observó “con preocupación el debilitamiento institucional de la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB) y el Sistema Nacional de Búsqueda en general”. Señaló que son preocupantes “los alegados despidos de personas especialistas. Particularmente que estos afecten el desempeño de la CNB y del Centro de Identificación (Humana), e impidan cumplir las obligaciones internacionales en materia de búsqueda e identificación forense”. Además, dijo que si bien la CNB continúa operando, de acuerdo con información proporcionada por organizaciones civiles, su funcionamiento no estaría en consonancia con estándares internacionales en la materia, debido, entre otros, a la falta de participación de las familias en los procesos de búsqueda . En cuanto al caso Ayotzinapa, la CIDH saludó los esfuerzos de la nueva administración que encabeza la presidenta Claudia Sheinbaum de retomar el diálogo y la confianza con las familias de los 43 normalistas desaparecidos en 2014 en Iguala, Guerrero. Reconoció la instrumentación de medidas orientadas a garantizar recursos y expertos a las autoridades judiciales a cargo de la investigación. No obstante, observó “con preocupación la falta de avances en la investigación que reportan las familias y sus representantes, así como la salida del GIEI (Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes) que determinó no continuar con su labor en México como resultado de ‘un ocultamiento sistemático de información por parte de la Sedena’”. Destacó que las familias y sus representantes tienen el derecho de acceder a la información relacionada con el caso, sin importar la pertinencia con la que las autoridades las califiquen. El informe fue elaborado por los seis integrantes de la CIDH con base en su propio monitoreo, información enviada por el Estado mexicano y organizaciones de sociedad civil |
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