Este 8 de marzo se celebra, como cada año, el Día Internacional de la Mujer.
Y electoralmente la fecha toma relevancia porque los partidos políticos están haciendo las designaciones de sus candidatos para las 212 presidencias municipales, igual cantidad de sindicaturas e infinidad de regidurías.
En las postulaciones que realicen deben de tener cuidado de no designar a personas señaladas de violencia sexual.
El 30 de marzo de 2023 la Cámara de Diputados federal aprobó suspender sus derechos para ocupar cargo público o de elección popular a violentadores.
El documento establece -entre otras cosas- que se suspenden los derechos o prerrogativas de los ciudadanos por tener “sentencia firme” por la comisión intencional de delitos contra la vida y la integridad corporal, contra la libertad y seguridad sexuales, el normal desarrollo psicosexual, por violencia familiar, familiar equiparada o doméstica y violación a la intimidad sexual y por violencia política contra las mujeres en razón de género, en cualquiera de sus modalidades y tipos.
En este proceso electoral hay por lo menos un aspirante a ser designado candidato por Morena a una presidencia municipal, señalado de violencia sexual: José Manuel Pozos del Ángel, por Tuxpan.
Pozos del Ángel renunció el viernes 29 julio de 2022 a la subsecretaria de Planeación de la Secretaría de Finanzas y Planeación, acusado por Nancy Sánchez Pulido por intento de violación y acoso sexual.
A Pozos del Ángel no se le ha dictado sentencia, ni a favor ni en contra, por lo que sigue siendo presunto implicado, sospechoso, denunciado, indiciado, o la forma en la que se le quiera llamar.
“Se presume inocente”, dice el lenguaje judicial, pero no se afirma que lo es.
La Fiscalía General del Estado, en estos casi tres años no ha podido (o no ha querido) terminar la investigación sobre los señalamientos y en consecuencia remitir la carpeta de investigación a un juez para que dicte sentencia.
Por el tiempo, existe la sospecha de que se encubre a Pozos del Ángel.
Por mientras, el gobierno de Rocío Nahle ya le dio protección, al nombrarlo director del Instituto Veracruzano de la Vivienda (Invivienda).
No hay sentencia en firme, no hay impedimento para darle el cargo, podría alegar la gobernadora.
Pero en casos como estos, la presunción crea percepción pública.
Sobre todo si la gobernante basa su discurso político en la protección a la mujer.
Este 7 de marzo, Rocío Nahle declaró: Las mujeres tenemos que estar seguras.
Al implementar un par de programas de protección a mujeres y reinstalar la Junta de Gobierno del Instituto Veracruzano de las Mujeres.
Pero los hechos dicen otra cosa.
Al menos en el caso de Pozos del Ángel.
Si realmente se le quiere mantener en el gobierno y hasta postularlo para cargos de elección popular, lo ideal sería que la Fiscalía remita a un juez la carpeta de investigación correspondiente a la denuncia que hay en su contra, para que este determine su responsabilidad.
De paso también se podrá conocer el grado de complicidad en este caso del diputado local Daniel Cortina, quien está como relevo de los Pozos (porque también se involucra indirectamente José Manuel Pozos Castro, el actual subsecretario de Gobierno) para la candidatura por la alcaldía de Tuxpan.
Si lo declaran inocente, ya no habrá impedimento moral para que siga en el gobierno y para que se postule a los cargos que desee.
Si lo declaran culpable, el gobierno del estado se habrá librado de una persona no deseada.
O de dos, porque habrá elementos para desaforar a Daniel Cortina como diputado.
CON CUITLÁHUAC, CRECIÓ EL ACOSO SEXUAL EN EL GOBIERNO, POR LA IMPUNIDAD
Pero el de José Manuel Pozos del Ángel no es el único caso.
En el último año del gobierno de Cuitláhuac García Jiménez, los casos de acoso y hostigamiento sexual dentro de las dependencias de gobierno se dispararon en un 49 por ciento, como se muestra en la nota de la reportera Alba Alemán “Con Cuitláhuac, hubo más acoso sexual en dependencias: CGE” (https://e-veracruz.mx/nota/2024-11-26/gobierno/con-cuitlahuac-hubo-mas-acoso-sexual-en-dependencias-cge).
La reportera toma la información que dio el contralor general del estado, Miguel Ángel Olivares Martínez, en su comparecencia ante el Congreso local para la glosa del informe de Gobierno, donde dijo que en los seis años de la administración de Cuitláhuac hubo 331 quejas por estos delitos, denunciados por mujeres y hombres trabajadores de dependencias.
El dato contrasta con el que dio la excontralora general del estado, Mercedes Santoyo Domínguez en marzo del 2023, de 170 quejas.
Es decir, de marzo del 2023 a noviembre del 2024, hubo 161 quejas nuevas, siendo casi el doble de las que se habían registrado en los primeros 5 años de gobierno de García Jiménez.
El contralor en esa comparecencia también dio un dato que muestra el grado de impunidad que tienen los agresores, pues de esas 331 quejas, sólo 112 estaban siendo investigadas, además de que en 43 casos, ya hubo informes de presunta responsabilidad administrativa, y sólo en 12 (nada más en 12 de 331 casos) se logró comprobar una responsabilidad administrativa por acoso y hostigamiento.
Menos del 4% del total de las denuncias.
¿Acaso Rocío Nahle pretende mantener esos grados de impunidad incluso mostrando que está dispuesta a proteger a los presuntos implicados?.
¿Siguiendo esta tendencia es como las mujeres “van a estar seguras”?
Si Roció Nahle quiere mostrar que está determinada a que las mujeres estén seguras, debe empezar por la revisión de todos los acusados de violencia sexual o de género que están en su gobierno y separarlos y sancionarlos.
Mientras no lo haga, su discurso, sólo son palabras que quedan en la memoria del internet para ser consultadas después y recordarle que no ha cumplido.
¿Qué clase de mística quiere ser?, ¿qué clase de mística quiere que vean los terrenales?.
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