Francisco Cabral Bravo
Con solidaridad y respeto a Rocío Nahle García y Ricardo Ahued
Bardahuil
La Ley General de Niñas, Niños y Adolescentes cumplió sus primeros 10 años de vigencia. Más allá de la efeméride; el cambio de agenda y estilo en los gobiernos federal y locales, aunado el nuevo contexto que pervive en los asuntos públicos, son condiciones que exigen realizar un balance sobre la situación actual en el cumplimiento de derechos de este grupo poblacional.
Sin especulaciones y contratos basados en evidencia, es pertinente analizar los aciertos y retos para asegurar en los próximos años resultados tangibles de cara a 40 millones de niñas, niños y adolescentes que viven en México, de los cuales poco más de 12 millones se encuentran en su primera etapa de vida.
En tal sentido debe reconocerse que la agenda de niñez en realidad se encuentra sobre diagnosticada.
Ya no se trata de trazar estrategias sólo desde el papel, sino orientar su implementación hacia el plano de la realidad. Tal ejercicio debe ser una tarea compartida y sin protagonismos: un nuevo piso de diálogo de alto nivel, además de operativo y eficaz, que sepa involucrar a todos los actores e instituciones públicas o privadas que forman parte del ecosistema en la materia. El SIPINNA fue creado justamente para eso.
El aniversario de la ley representa también un momento propicio para reflexionar que esta agenda debe ordenarse y priorizarse. Atenderla con enfoque progresivo, ir paso a paso y hacerla compatible con las circunstancias que la mayoría de la sociedad y en el gobierno reclaman, especialmente desde el sentir popular que pide no erradicar la corrupción del poder público y dar pie a transformaciones sociales de fondo para reducir las desigualdades históricas.
La reciente renovación en la titularidad del SIPINNA avigora una ventana de oportunidad y de cambio sustánciales en la forma de conducción y liderazgo de este mecanismo de conducción intergubernamental.
El SIPINNA está llamado a ser el sistema de sistemas en México. Su mandato constitucional y legal es muy claro y constituye su principal meta: garantizar el interés
superior de la niñez en toda decisión del Estado. Esta agenda también requiere construir un segundo piso en su transformación.
En otro contexto podría asegurar que, si en una conversación pedimos a alguien que se imagine a un policía, la mayoría pensará en un hombre. Una encuesta realizada en 2023 mostró que la policía es una de las ocupaciones con menos mujeres en el mundo, con todo tan solo un 5.22% en promedio.
No basta con que haya más mujeres policías, debe haber más mujeres en posiciones de mando.
Entre 2021 y 2024, la representación de mujeres en puestos de liderazgo ha aumentado el 3% al 17%. María Stanley, responsable de este programa, ha explicado la importancia de contar con mujeres en puestos de liderazgo. Tener solo una mujer no basta, se deben tener al menos un tercio del grupo para ver un efecto positivo. El programa ha mostrado que las mujeres se sienten más seguras cuando tienen contacto con oficiales que las entienden, además de que las mujeres policías suelen tomarlas más en serio y entender los problemas por los que pasan las mujeres al ser víctimas. En muchas ocasiones, existen tan pocas mujeres que no hay botas o uniforme para ellas, por lo que las mujeres deben conformarse con la talla chica de los uniformes para hombres.
La Organización de las Naciones Unidas ha demostrado que el aumento de mujeres en la fuerza policial trae beneficios para la sociedad en general, con un estilo más inclusivo y colaborativo, además de un mayor apoyo para las víctimas.
En conclusión, la inclusión de más mujeres en la policía no solo es una cuestión de igualdad, sino una necesidad para mejorar la efectividad y empatía de la fuerza policial. El alcance y la representación femenina no solo beneficia a las víctimas, también fomenta un ambiente laboral más inclusivo y justo. Es necesario seguir impulsando estos cambios para construir una fuerza policial que brinde seguridad y comprensión a todos.
En otro contexto el 5 de febrero último en el acto conmemorativo del 108 aniversario de la Constitución política de los Estados Unidos Mexicanos, se presentó una nueva iniciativa presidencial para su reforma, con el objetivo de eliminar la reelección en cargos legislativos y municipales, así como erradicar el denominado “nepotismo electoral”.
Esta iniciativa que plantea la modificación de seis artículos de la Carta Magna ya fue aprobada por las Comisiones Unidas de Puntos Constitucionales y Estudios Legislativos del Senado.
Desde mi punto de vista trataré de explicar su contenido, sin valorarlo críticamente, ya que se trata de una propuesta de interés para el constitucionalismo, el derecho electoral y la integridad en el servicio público mexicano.
En este tema recordemos que, a partir de la reforma de 2014, la Constitución Política introdujo la figura de la reflexión para legisladores, alcaldías, regidurías, sindicaturas y concejalías, con la principal finalidad de que así se logrará la reducción de cuentas y que la ciudadanía pudiera evaluar el desempeño de sus representantes populares.
La reforma constitucional que ahora se plantea se construye sobre tesis diferentes, bajo los siguientes argumentos fundamentales: El primero es la distorsión que generó la reelección consecutiva, encargos legislativos y municipales con la reforma de 2014. La iniciativa dice que en este tiempo se permitió que se mantuvieran en el poder grupos de funcionarios que, lejos de atender las demandas sociales, buscaron favorecer intereses propios y monopolizar las decisiones públicas.
El segundo es que, en realidad, la reelección consecutiva generó un riesgo para la equidad electoral.
Otro argumento que considera la iniciativa es que la renovación constante de quienes ostentan los cargos públicos representativos en un signo mas adecuado para los fines de una sociedad multicultural y plural como la nuestra. Así se sostienen las oportunidades para ejercer los cargos públicos representativos, pueden estar constantemente al alcance de cualquier persona con legítimas aspiraciones para ocuparlos.
Cabe destacar que la iniciativa cita en su exposición de motivos algunos precedentes del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, relacionados con la reelección. En efecto, el TEPJF ha sostenido que, si bien la reelección es un derecho, este no es absoluto, pues se trata de una posibilidad que no supone el registro automático de una persona que quiera postularse para el mismo puesto público (Jurisprudencia 13/2019).
En esa medida la reelección no constituye un derecho adquirido del funcionario público.
La modificación relativa al “nepotismo electoral” merece una mención aparte.
Este aspecto de la reforma pretende evitar la consolidación de redes familiares en el servicio público. Con ello, se busca impedir el acceso a los cargos públicos representativos de personas que tengan vínculos familiares con los servidores públicos en ejercicio.
La iniciativa dice que debe buscarse que se incorporen a cargos públicos personas que cuenten con trayectoria, preparación, experiencia o capacidades adquiridas para ejercerlos, tras una contienda electoral. Sin duda se trata de otra reforma importante, que
perfila y suma a las coordenadas del nuevo sistema democrático y electoral de nuestro país para los años venideros.
En México, la sombra del nepotismo se extiende a través de generaciones de políticos, tejiendo redes de influencia que desafían los principios de la democracia. La idea de cortar con el nepotismo de tajo y, por ende, con la corrupción que trae consigo es excelente y necesaria.
Casi desde la creación de México como nación independiente podemos mencionar ejemplos de políticos y servidores públicos que, al acceder a posiciones de poder, se valieron de estas para favorecer y colocar a sus familiares, creando dinastías políticas que se enquistan en el poder.
La distención entre influencia familiar y nepotismo se vuelve borrosa, un área gris donde la percepción publica se ve influenciada por la competencia percibida de los familiares y la transparencia en la asignación de los cargos. La iniciativa de Claudia Sheinbaum para acabar con estas prácticas que lesionan gravemente a la democracia tiene la mejor de las intenciones, pues busca reforzar las leyes vigentes en este sentido, como lo son la Ley Federal de Austeridad Republicana y la Ley General de Responsabilidades Administrativas. |
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