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XALAPA.- Aunque su trayectoria lo describe como un experimentado mapache electoral, Juan Javier Gómez Cazarín, delegado de los Programas para el Bienestar en Veracruz, aseguró que los apoyos sociales deben mantenerse al margen de intereses políticos y electorales, pese a que el uniforme, los chalecos y las gorras de los empleados siguen siendo guindas, el mismo color del partido oficial. Ya encarrerado, el funcionario federal llamó a los trabajadores de la dependencia a respetar las responsabilidades de su encargo y sostuvo que los servidores de la nación no tienen permitido participar en procesos políticos mientras desempeñan sus funciones, pues su responsabilidad es atender a la población y garantizar que los programas lleguen a quienes los necesitan. “Los recursos, los apoyos sociales no deben de ser utilizados”, afirmó al referirse a la importancia de mantener separados los programas públicos de cualquier actividad partidista. Dijo que no permitirá que integrantes de su equipo se involucren en asuntos políticos y que quien decida hacerlo deberá renunciar a su responsabilidad institucional. Su postura coloca el uso de los programas sociales y la actuación de los servidores públicos en el centro de la discusión, particularmente ante los procesos que se avecinan y la necesidad de preservar la finalidad de los apoyos. Durante la conversación, Gómez Cazarín también fue cuestionado sobre reportes de personas que presuntamente se hacen pasar por servidores de la nación para acercarse a la ciudadanía. Ante ello, pidió mantenerse atentos y reiteró que ningún trabajador de la dependencia está autorizado para utilizar los programas sociales como mecanismo de presión o promoción, ni para recomendar constructoras, proveedores o empresas encargadas de ejecutar obras comunitarias. Refirió que la dependencia no envía consultoras ni impone quién debe administrar los recursos, explicó que, en los esquemas de participación comunitaria, son los propios habitantes quienes deciden en asamblea la integración de los comités responsables de vigilar y administrar el presupuesto. Como ejemplo, hizo referencia a la inauguración de trabajos en la clínica del ISSSTE de Misantla, donde, según señaló, el recurso fue administrado por el comité elegido por la población. El delegado insistió en que las decisiones deben corresponder a los ciudadanos y no a funcionarios, políticos o personas que pretendan atribuirse representación institucional. Por otro lado, Gómez Cazarín informó que durante una asamblea realizada en Martínez de la Torre se dieron a conocer apoyos por aproximadamente 21 millones 400 mil pesos destinados a clínicas de la región, explicó que también se están otorgando recursos para consultorios en comunidades rurales, con la intención de acercar servicios médicos a habitantes de zonas serranas que enfrentan dificultades para trasladarse hasta las unidades de salud. Refirió que en algunos de estos espacios se contempla la presencia de médicos o personal de enfermería para brindar atención a quienes no pueden desplazarse fácilmente desde sus localidades. El planteamiento busca reducir las barreras geográficas que limitan el acceso a los servicios médicos, especialmente en comunidades alejadas de las cabeceras municipales. Avanza la credencialización para ampliar el acceso a servicios de salud. El delegado agregó que se encuentra en la etapa de cierre el proceso de credencialización dirigido a personas que no cuentan con derechohabiencia en el ISSSTE o en alguna otra institución de salud. Dijo que esta identificación tiene como propósito facilitar el acceso a la atención médica y avanzar en la incorporación de personas que actualmente no cuentan con afiliación a los servicios institucionales. Gómez Cazarín señaló que el acceso a la salud debe ser un derecho para todas las personas, independientemente de su situación laboral o económica. Los anuncios sobre recursos para clínicas, consultorios rurales y credencialización plantean una ruta para ampliar la atención en la región, sin embargo, el reto estará en que los apoyos se traduzcan en servicios disponibles, personal suficiente y atención efectiva para las comunidades que más lo necesitan.
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