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Xalapa, Ver.- Aunque reconoció que existen prácticas irregulares en el funcionamiento de algunos establecimientos, integrantes de la Unión de Concesionarios de Verificentros en Veracruz rechazaron presuntos cobros ilegales por parte de funcionarios para permitir la operación de los mismos. En ese tenor, señalaron que ninguno de sus agremiados recibe solicitudes de dinero por parte de funcionarios estatales, es decir, el cobro de moches. Eduardo Mario Cásares Sort de Sáenz, vocero de la organización, sostuvo que las prácticas irregulares corresponden a concesionarios que incumplieron las disposiciones ambientales y no a supuestos actos de corrupción de las autoridades. De acuerdo con el vocero, más de 60 verificentros fueron suspendidos temporalmente por presentar anomalÃas en su operación tras revisiones realizadas por las instancias correspondientes. Las clausuras contemplan un periodo de 90 dÃas, pero algunos negocios ya pudieron reanudar actividades después de acreditar que cumplieron con los requisitos legales. Cásares indicó que los establecimientos sancionados deberán demostrar que cumplen con las normas oficiales mexicanas y las leyes ambientales, tanto federales como estatales, antes de obtener autorización para reabrir. El representante señaló que un grupo de concesionarios responsabilizó a servidores públicos de la SecretarÃa de Medio Ambiente y de la SecretarÃa de Finanzas y Planeación por presuntamente exigirles pagos para permitirles trabajar. Según Cásares, los señalamientos carecen de sustento y quienes los promueven utilizan indebidamente el nombre de la unión para presionar a las dependencias estatales y conseguir que les retiren las restricciones. También acusó a un abogado, señalado de no contar con la concesión de un verificentro, pero que se presenta como representante legal de los inconformes y encabeza las acciones contra las autoridades. Con relación al documento enviado a la gobernadora RocÃo Nahle GarcÃa para denunciar el presunto cobro de moches, aseguró que se trata de un escrito anónimo, pues no contiene nombres, firmas de los supuestos afectados ni pruebas que respalden las acusaciones.
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