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| Diputados confrontan posturas por Cuenta Pública 2024; quedan más de 65 mil millones de pesos por aclarar. | ||||||
| La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública sostuvo que la fiscalización representa una obligación fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos | ||||||
| Martes 27 de Octubre de 2026 | ||||||
| Por: El Heraldo de México | ||||||
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El documento generó debate entre los grupos parlamentarios luego de que se informara que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) reportó 65 mil 175 millones de pesos pendientes de aclaración. Durante la discusión del dictamen, legisladores de oposición cuestionaron el manejo de los recursos públicos, el incremento de la deuda pública y las diferencias entre el presupuesto aprobado y el efectivamente ejercido. En contraste, Movimiento Regeneración Nacional (Morena) y sus aliados defendieron los resultados económicos y sociales del ejercicio fiscal, aunque reconocieron la necesidad de dar seguimiento a las observaciones de auditoría. La presidenta de la Comisión de Presupuesto y Cuenta Pública, Marilyn Gómez Pozos, sostuvo que la fiscalización representa una obligación fundamental para garantizar la transparencia en el uso de los recursos públicos. “Quien administra el patrimonio público tiene la obligación de responder ante el pueblo de México”, afirmó al presentar el proyecto. Explicó que, durante 2024, los ingresos presupuestarios ascendieron a aproximadamente 7.49 billones de pesos, alrededor de 164 mil millones de pesos por encima de lo previsto. En tanto, el gasto neto total superó los 9.2 billones de pesos, con un incremento real de 7.5 por ciento respecto al año anterior. También destacó que 65.7 por ciento del gasto programable se destinó al desarrollo social y que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) realizó 2 mil 264 auditorías, de las cuales mil 846 correspondieron al gasto federalizado. Al fijar postura, la diputada de Movimiento Ciudadano (MC), Claudia Ruiz Massieu, anunció el voto en contra de su bancada al considerar que el dictamen presenta cifras, pero no realiza una evaluación política suficiente sobre el ejercicio del presupuesto. “El gobierno tuvo más dinero de lo que se esperaba, pero lo gastó como quiso y donde quiso”, señaló. Cuestionó que el gasto programable terminara por encima de lo aprobado y destacó los incrementos en rubros como transporte, energía y proyectos emblemáticos, frente a recursos que, dijo, dejaron de ejercerse en áreas como salud. Criticó el crecimiento de la deuda pública y sostuvo que la Cámara de Diputados no debe limitarse a recibir informes, sino evaluar si el Ejecutivo cumplió con las prioridades establecidas en el presupuesto. Por su parte, el diputado priista Arturo Yáñez Cuéllar también adelantó el voto en contra del Partido Revolucionario Institucional (PRI) y exigió explicaciones sobre los recursos pendientes de aclaración, particularmente en materia de salud, medicamentos y obras públicas. “Los resultados de esta fiscalización documentaron que más de 65 mil millones de pesos están pendientes de aclaración”, afirmó. El legislador cuestionó además la falta de recursos para atender necesidades hospitalarias y mencionó observaciones relacionadas con contratos y obras de Petróleos Mexicanos (Pemex), así como la construcción de un hospital naval en Manzanillo. En la misma línea, la diputada del Partido Acción Nacional (PAN), Nancy Araceli Olguín Díaz, reprochó que el dictamen no ofrezca información suficientemente clara sobre el alcance monetario de las auditorías y los resultados concretos de las observaciones. “La Cámara de Diputados no es una oficialía de partes”, sostuvo. Pidió informar cuánto dinero se ha recuperado, cuántas observaciones se han solventado y cuántos procedimientos han derivado en responsabilidades administrativas o denuncias. Asimismo, advirtió sobre el peso de la deuda pública y sus consecuencias para las finanzas futuras: “Las deudas de hoy se pagan con los presupuestos de mañana”, sentenció. En defensa del dictamen, la diputada del Partido del Trabajo (PT), Magdalena del Socorro Núñez Monreal, reconoció que alrededor de 65 mil millones de pesos permanecían como recuperaciones probables o montos pendientes de aclaración, destacando que más de 91 por ciento de esos recursos se concentraba en el gasto federalizado. “Respaldar la cuenta pública de 2024 no implica asumir que el ejercicio fiscal estuvo exento de fallas, ni omitir las observaciones que deben solventarse”, puntualizó. El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Óscar Bautista Villegas, respaldó el dictamen y defendió la importancia de los programas sociales y las inversiones públicas. A su vez, el diputado de Movimiento Regeneración Nacional (Morena), Daniel Andrade Zurutuza, sostuvo que la fiscalización debe combinar el reconocimiento de los resultados favorables con la investigación de las posibles irregularidades. “Los resultados favorables en materia de ingresos, recaudación y endeudamiento público deben reconocerse y las posibles irregularidades, investigarse conforme a derecho y hasta las últimas consecuencias”, expresó. Finalmente, Daniel Andrade Zurutuza señaló que, en el gasto federalizado, se realizaron más de mil 800 auditorías y se recuperaron mil 253 millones de pesos, mientras permanecían montos pendientes de aclaración, principalmente relacionados con municipios y participaciones federales de las entidades federativas. |
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