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| Aprueban por mayoría cambios en Ley de Inversión Extranjera. | ||||||
| Con una mayoría de 314 votos a favor, 117 en contra y cero abstenciones, el pleno de la Cámara de Diputados aprobó en lo general reformas a la Ley de Inversión Extranjera | ||||||
| Martes 27 de Octubre de 2026 | ||||||
| Por: El Heraldo de México | ||||||
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La iniciativa enviada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo plantea que, por motivos de seguridad nacional, se requerirá una resolución favorable de la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) para que capitales extranjeros participen, directa o indirectamente, en un porcentaje superior al 49% del capital social de una sociedad mexicana. Esta disposición aplicará en aquellas empresas donde el valor total de sus activos, al ingresar la solicitud de adquisición, rebase el monto fijado por el organismo mediante resolución general, dentro de sectores estratégicos como energía, minería, transporte, telecomunicaciones, inteligencia artificial, semiconductores, datos personales y seguridad alimentaria. Asimismo, el dictamen avaló que a las sesiones donde se atiendan temas de seguridad nacional asistan como invitados permanentes los titulares de la Fiscalía General de la República (FGR), el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), el Servicio de Administración Tributaria (SAT) y la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), quienes contarán con voz, pero sin voto. El marco normativo estipula que la Comisión Nacional de Inversiones Extranjeras (CNIE) remitirá al Congreso de la Unión un informe semestral de actividades en materia de seguridad nacional y, de ser requerida, deberá comparecer ante las comisiones legislativas correspondientes. También se aclara que, cuando el valor total de los activos no supere el límite previsto pero la participación pretendida sea mayor al 49% del capital social, el trámite ante la Comisión tendrá carácter voluntario. Durante la fundamentación, Miguel Ángel Salim Alle, presidente de la Comisión de Economía, Comercio y Competitividad de la Cámara de Diputados, señaló que el proyecto atiende responsabilidades del Estado mexicano para conciliar la atracción de capital productivo con la defensa soberana, aunque advirtió inconsistencias de técnica legislativa avaladas por la bancada de Morena que venían desde el Senado de la República. “La minuta se refiere en el artículo 30 Ter a una secretaría técnica de la Comisión de Inversión Extranjera que no existe en la ley. En la ley existe el secretario ejecutivo de esta comisión. Cambiaron el término y aun así lo aprobaron en la comisión. Considero que debemos ser responsables, compañeras y compañeros, responsables ante la ciudadanía y responsables ante el desempeño de nuestro cargo. Y en ese sentido de responsabilidad deberíamos entregar al pueblo de México una legislación que no contenga vicios formales, que posteriormente puedan ser materia de litigios”, apuntó el legislador al pedir a la Mesa Directiva subsanar los términos antes del envío al Ejecutivo Federal. En defensa de la reforma, la diputada de Morena, Dolores Padierna, sostuvo que el país requiere inversiones y tecnología sin descuidar las áreas neurálgicas del desarrollo nacional. “Las amenazas a la seguridad nacional no se limitan al ámbito militar o territorial, también pueden derivar de factores económicos, financieros, tecnológicos, cibernéticos y transnacionales y pueden afectar la estabilidad y las capacidades estratégicas del Estado. Las amenazas pueden valerse de estructuras empresariales y operaciones de inversión para introducir recursos ilícitos en la economía formal, o para tomar el control de nuestros activos críticos. En esta Ley se establecen reglas a la altura del éxito económico de México que vive un momento histórico de atracción de capital”, argumentó. Por su parte, el legislador del Partido del Trabajo (PT), José Alejandro Aguilar López, expuso que durante el primer semestre del 2026 el país captó 34 mil 965 millones de inversión extranjera directa, por lo que respaldó dotar de mayores facultades de vigilancia a la autoridad para evitar el ingreso de fondos irregulares. “Porque detrás de una compra puede haber lavado de dinero, evasión fiscal o intereses que nada tienen que ver con el desarrollo de México. Da reglas claras, 45 días hábiles para resolver y tres caminos posibles: autorizar, autorizar con condiciones o impedir, y quien desobedezca enfrentará multas millonarias y podrá ser obligado a deshacerse de lo que adquirió”, remarcó. En contraste, Marcelo Torres Cofiño, diputado del Partido Acción Nacional (PAN), acusó que incorporar mandos armados derivará en presiones contra la iniciativa privada mediante la negativa ficta. “Ustedes no están protegiendo la seguridad nacional, no, ¡por favor! Están creando un botín militar para la extorsión burocrática y el control mayoritario, y miren la monstruosidad legal que están aprobando, porque seguro que ninguno de ustedes ha leído el dictamen: le están entregando un cheque en blanco a la arbitrariedad. Están facultando a una comisión militarizada para inventar sectores de riesgo, sin pasar por este Congreso; hoy es la energía, mañana cualquier industria que se les cuadre a sus caprichos”, concluyó. |
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