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XALAPA.- Al sostener que el Congreso local elevó los requisitos para que la ciudadanía pueda solicitar la consulta, el Partido Acción Nacional, PAN, anunció que pedirá a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) invalidar las nuevas reglas de revocación de mandato en Veracruz. La nueva dirigente estatal del partido, Ana Cristina Ledezma, señaló que la acción de inconstitucionalidad será promovida por la dirigencia nacional contra las modificaciones aprobadas por Morena y sus aliados. Una vez recibido el recurso, el máximo tribunal deberá resolver si admite la demanda y, posteriormente, analizar la constitucionalidad de las normas señaladas. La impugnación se concentrará en el plazo de 30 días para recabar las firmas y en la obligación de alcanzar porcentajes de respaldo en un número determinado de municipios, además de reunir el apoyo equivalente al 10 por ciento de la lista nominal. “Impulsaremos la presentación de una acción de inconstitucionalidad para que sea la Suprema Corte la que determine si esta reforma respetó el orden constitucional o si, como sostenemos, restringe indebidamente un derecho político de las y los veracruzanos”, aseguró. Ledezma sostuvo que el Congreso local añadió condiciones que no están previstas en la Constitución federal y que reducen las posibilidades de activar el mecanismo. La dirigente panista señaló que las legislaturas estatales pueden establecer las reglas operativas de la revocación de mandato, pero no incorporar requisitos que modifiquen el alcance de un derecho reconocido en la Constitución General de la República. “Donde la Constitución abrió una puerta para la participación ciudadana, el oficialismo decidió colocar obstáculos que harán mucho más difícil ejercer ese derecho”, reclamó. En ese tenor, de acuerdo con la postura del PAN, la reducción del periodo para reunir los apoyos y la obligación de distribuirlos territorialmente dificultan la organización de una solicitud ciudadana en los 212 municipios del estado. Por lo anterior, el PAN pedirá a la Corte determinar si esas disposiciones forman parte de la reglamentación permitida a los congresos locales o si representan restricciones adicionales al ejercicio de un derecho político. Ledezma acusó que la mayoría legislativa transformó un instrumento de participación ciudadana en un mecanismo que favorece la permanencia de quienes ejercen el poder. Advirtió que, si las reglas permanecen vigentes, futuras legislaturas podrían añadir más condiciones hasta volver inviable la solicitud de una consulta. Ledezma afirmó que el partido recurrirá a las vías legales para controvertir las decisiones del Congreso que considere contrarias a los derechos políticos de la población. “No seremos una oposición de discursos vacíos ni de confrontaciones estériles. Seremos una oposición que señale los excesos del poder y utilice todos los instrumentos democráticos y legales para proteger los derechos de las y los veracruzanos”, concluyó.
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