De Veracruz al mundo
Dice ex magistrado del TEV que no todo lo que parece campaña, jurídicamente, lo es, por lo que no puede acusarse de actos anticipados a la ligera.
“En los últimos días se ha vuelto común que algunos pretendan confundir dos figuras distintas del derecho electoral: los actos anticipados de campaña y la propaganda personalizada. Sin embargo, la ley y los criterios de las autoridades electorales las distinguen con claridad”, refirió.
Mircoles 15 de Julio de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- En lo que pareciera un intento de exculpación a priori, de acuerdo con el ex magistrado del Tribunal Electoral de Veracruz, Javier Hernández Hernández, no todo lo que parece campaña jurídicamente lo es y, por tanto, no puede acusarse que hay actos anticipados de campaña de distintos actores políticos. “En los últimos días se ha vuelto común que algunos pretendan confundir dos figuras distintas del derecho electoral: los actos anticipados de campaña y la propaganda personalizada. Sin embargo, la ley y los criterios de las autoridades electorales las distinguen con claridad”, refirió. El ex magistrado señaló que los actos anticipados de campaña existen cuando, antes del periodo legal, una persona busca obtener el voto o el respaldo electoral mediante llamados expresos o equivalentes para favorecer o perjudicar una candidatura o una fuerza política. Con ello, lo que se protege es la equidad en la contienda electoral, para que nadie pueda anticiparse. Por otro lado, el ex magistrado del TEV explicó que la propaganda personalizada se refiere al uso de recursos públicos o de la comunicación gubernamental para promover indebidamente la imagen, nombre, voz o cualquier elemento que identifique a una persona servidora pública. En este caso en particular, señaló que lo que se protege es la imparcialidad en el ejercicio del poder y el uso correcto de los recursos públicos. Javier Hernández refirió que en derecho electoral no basta con repetir una consigna o generar tendencia en redes sociales. “Las infracciones se acreditan con los elementos que establecen la Constitución, la ley y la jurisprudencia, no con opiniones o percepciones personales. La desinformación puede ser una estrategia política; el conocimiento jurídico debe ser una herramienta para fortalecer la democracia”, concluyó.

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