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| El sistema está diseñado para apresar pobres: ONG Perteneces. | ||||||
| Su presidente fundador, José Mario de la Garza Marroquín, decidió ir cambiando pequeños mundos en la vida de las víctimas, en lugar de aspirar a modificar el corrupto e insufrible mundo penitenciario convertido en una auténtica universidad del crimen, donde la reinserción social sigue siendo una quimera, y los penales, el jugoso negocio de unos cuantos “empresarios” vinculados a la política. | ||||||
| Domingo 05 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Su presidente fundador, José Mario de la Garza Marroquín, decidió ir cambiando pequeños mundos en la vida de las víctimas, en lugar de aspirar a modificar el corrupto e insufrible mundo penitenciario convertido en una auténtica universidad del crimen, donde la reinserción social sigue siendo una quimera, y los penales, el jugoso negocio de unos cuantos “empresarios” vinculados a la política. Egresado de la Escuela Libre de Derecho, enfocó profesionalmente sus dos vertientes sociales; por un lado, la abogacía de la mano de su padre, y por el otro, el humanismo y compromiso social emanado de su madre desde el magisterio. Su visión del sistema de justicia y de las cárceles mexicanas es devastadora. “En México, más de 90 por ciento de las personas son detenidas bajo el argumento de la flagrancia. Es una mentira oficial. No hay manera de que nuestra policía tenga la sincronización para llegar y detener a la persona cuando se esté cometiendo el delito. La flagrancia es inventada. Por tanto, las detenciones en México, en su mayoría, son ilegales. La policía mexicana no está diseñada para investigar”, dice en entrevista con La Jornada. La bonhomía de José Mario se muestra en su carácter generoso y combativo. Ha presentado más de 100 iniciativas de reforma a las leyes. Todos los días lucha por un sueño aún inalcanzable: un México más justo e igualitario. “El sistema mexicano está diseñado para capturar gente pobre. La policía tiene cuotas para arrestar pobres. México no produce pruebas, produce detenciones en flagrancia”. Peor aún, dice que el sistema penitenciario se basa en mantener en prisión a quienes no pueden pagar una defensa: “La reinserción está abandonada, no existe. La justicia es vista en México como un negocio para unos cuantos; no está en la agenda de la problemática social ni del gobierno. Ningún gobernador está preocupado por resolver el problema de justicia y menos el de las prisiones. A nadie le interesa”. Perteneces atiende además a personas privadas de su libertad con litigio estratégico. Realiza un gran trabajo de acompañamiento cuando las personas salen de la cárcel, con sicólogas, trabajadoras sociales y un equipo para ayudarles. Martha Elizabeth Macareno Ibarra tiene 33 años y hace tres años salió del penal de La Pila, en San Luis Potosí. Estuvo en la cárcel tres años y ocho meses, acusada de robo calificado y homicidio en grado de tentativa. La sentenciaron a seis años, dos meses y 10 días, pero gracias a su buena conducta y a la ayuda recibida por Perteneces, pudo salir al cumplir la mitad de su sentencia. Dice que uno de los delitos se lo plantaron: “Fue un coche, pero ese mismo día lo recuperaron. Teníamos daño reparatorio de casi 150 mil pesos y lo redujeron a 75 mil. Dijeron que había dinero en efectivo y pertenencias, una mentira”. “Necesitaba un estirón de orejas” Martha cuenta que tenía una relación que le generaba muchos problemas con su nueva pareja: “Fue mi amigo con derechos y teníamos un pequeño acuerdo: cuando no teníamos pareja, salíamos. Llegó el momento en que tuvo su novia y lo respeté, pero cuando yo tenía mi novio, ahora mi esposo, él no quiso respetarlo. Y sufrí acoso, y ante la insistencia, mi entonces novio me preguntó. Le dije que no quería nada con él. Mi novio le pidió que ya no me siguiera acosando para no tener problemas. Ante la insistencia, actuamos mi novio y yo. Fuimos los dos y por eso pagamos con cárcel”. Ambos decidieron enfrentar el acoso y el acecho con pistola en mano: “Él insistía en que quería verme y nos quedamos de ver. Ahí fue donde lo agarramos y yo vi que el carro tenía las llaves puestas y lo agarré para escapar y luego lo abandoné; recuerdo que no sabía ni cómo apagar las luces. Ese mismo día lo recuperaron y él se salvó”. Después de dos años de este incidente, los detuvieron: “Nos empezaron a vigilar. No sabíamos si eran los familiares de él que andaban metidos en temas de delincuencia. No sabíamos quién nos andaba cazando. Luego supimos que eran ministeriales y nos metieron a la cárcel”. Dice que no tuvo una buena defensa: “La primera vez, la licenciada de oficio nos pidió que no declararámos nada. Hubo muchas irregularidades en nuestro caso. Conseguimos un abogado de paga, pero sólo nos ayudó con bajar el monto reparatorio. Me di cuenta de que los licenciados querían más dinero para pagar testigos. Y nos negamos. Luego me recomendaron que mi esposo se echara la culpa para sacarme a mí. Y a mí no me gustó eso. Yo acepté todo y cumplí; ahora camino tranquila”. Añade: “Estoy arrepentida por cómo se dieron las cosas; igual ya necesitaba un estirón de orejas. Aprendí que para meterte en un problema es bien fácil, pero para salir de él es muy difícil. No sólo uno sufre, también la familia que, bien que mal, siempre va a estar ahí”. “Se encarcela al marginado, a quien no puede defenderse” José Mario habla mientras camina durante la entrevista e insiste en que el común denominador del preso mexicano es la pobreza: “México tiene un sistema de justicia que encarcela al pobre, al marginado, a las personas que no pueden defenderse. ¿A México le sirve que estén en la cárcel jóvenes porque se robaron un refresco o un six de cerveza? Me di cuenta de que en las cárceles hay defensores públicos que trabajan para Oxxo, una empresa que inventó una política de cero tolerancia. Los llevan a juicio por robarse un litro de leche. Y la defensoría pública trabaja para una empresa privada porque los tienen cooptados, son cientos de audiencias. El problema es la desigualdad en México y van a seguir por más que los encarcelen”. –¿Cuál es el rol que deben tener los abogados en México? –A mí nunca me explicaron que teníamos una responsabilidad social frente a la injusticia, la impunidad. La profesión de abogado no puede entenderse solamente como llevar casos y ganar dinero. Nuestra profesión en México no ha tomado una reflexión profunda de cuál es nuestro rol en un país con tantas injusticias”. Comenta que los despachos de abogados no están diseñados para hacer un trabajo social, sino que sólo atienden clientes, ganan asuntos y dinero. “Y lo demás no importa, que el país no te importe, que no te importe que haya gente inocente en las cárceles”, ironiza. El otro problema, dice, es que la defensoría pública en México está quebrada: “Está rebasada, saturada de cientos y miles de expedientes. Y hay un sector de abogacía que está afuera de las prisiones. Este tipo de abogados lo primero que pide para liberar al preso son 40 o 50 mil pesos, sin contrato. Las familias piden prestado, tienen la solidaridad, se van al empeño y consiguen la lana y se la dan. Y ese abogado les roba y los abandona, mientras sus hijos se quedan en la cárcel”. Édgar Samuel Rodríguez Medina, de 33 años, lleva dos años con terapia sicológica, al igual que su hijo. Lo detuvieron en 2016 por homicidio calificado. Estuvo ocho años y tres meses en el penal de La Pila, en San Luis Potosí. Salió en 2024. Tenía 19 años cuando participó en una riña: “Me juntaba con mis primos en la calle. Un día golpearon a mi hermano en la tienda y fuimos a hacerle el paro. En esa bronca falleció el muchacho. Yo disparé y ellos también, pero nomás a mí me agarraron cuatro años después”. Édgar se fue a Estados Unidos, pero lo detuvieron en Laredo: “Pagué 3 mil 500 dólares para que me pasaran nadando. Me quedé tres años trabajando de pintor. Una familia cristiana me adoptó. Les ayudaba con los gastos. Luego regresé y me detuvieron. Iba camino al trabajo cuando me agarraron. Fue muy duro, muy dificil. Fueron ocho años que se me hicieron eternos”. Y en la cárcel conoció las drogas: “Me hice adicto al cristal, a la cocaína. En el penal las venden, hay puntos de droga. Mis papás me mandaban 200 o 300 pesos a la semana. Trabajaba en el taller de carpintería. Iba al gimnasio y hacía otros deportes, pero me deprimía mucho”. Cuenta que se casó en prisión, aunque después de que salió, se divorció. Su hijo, que crió su mamá, tiene ahora 10 años. “Aprendí a valorar todo, desde la familia hasta un plato de frijoles. Aprendí a ser más tolerante frente a las agresiones de la gente. Ahora prefiero ignorar. Sale más caro responder o come-ter un delito”. Expedientes sin pruebas De la Garza lleva 30 años dando clases en la Facultad de Derecho de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí y ha revisado cientos de casos para brindarle ayuda a los privados de la libertad. “En la mayoría de los casos, son sólo imputaciones hechas. La detención en supuesta flagrancia y un reporte policial. Así están los expedientes. El sistema mexicano está diseñado para detener jóvenes y mantenerlos en prisión, lo que genera un problema gravísimo porque en algún momento van a salir porque no hay pruebas. ¿Qué pasa al salir? Que todo mundo los rechaza porque son ‘delincuentes’ que estuvieron en prisión. Y el crimen organizado los coopta. “Los responsables de grandes delitos como corrupción, lavado de dinero, defraudación fiscal, violaciones o agresiones sexuales, no están en prisión porque esos delitos requieren investigación y pruebas. La policía no investiga, no está preparada; les pagan muy mal”, añade. El experto señala que más de la mitad de los presos en el país no están sentenciados y el Estado mexicano se niega a reformar las fiscalías, el verdadero control político: “Fue un gravísimo error la reforma judicial. No cambió nada: los tribunales siguen siendo lentos y sigue habiendo corrupción”. |
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