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| Vinculan a proceso a 27 personas por desvío de 96 mdp bajo el esquema de 'aviadores' en Edomex. | ||||||
| De acuerdo con la Fiscalía General de Justicia del Estado de México, en el desvío de recursos habrían participado dos subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores y delegados administrativos, directores de área y subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, Educación y de Seguridad de dicho periodo, así como de la Oficialía Mayor y la Secretaría de Educación, Ciencia, Tecnología e Innovación (SECTI) de la actual administración. | ||||||
| Sbado 04 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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En un comunicado, la Fiscalía General de Justicia del Estado de México aseguró que dicha red de personas habría utilizado de plazas de supuestos docentes para desviar recursos públicos del gobierno. “Se tiene acreditado que operaba desde el año 2021, mediante la asignación de plazas a personas que no desempeñaban las funciones para las que fueron contratadas o que, bajo el esquema conocido como ‘aviadores’, cobraban para sí o para otros el numerario por concepto de nómina, causando con ello un perjuicio al erario del Estado de México”, indicó la fiscalía estatal. Añadió que una persona más está siendo investigada por lo que todavía no se da a conocer su situación jurídica. En tanto, otras cinco personas más promovieron un amparo. Los pasados 11 y 26 de febrero, así como el 4 de mayo, el gobierno del Estado de México, a través del representante legal de la Secretaría de Educación, Ciencia y Tecnología (SECTI), denunció hechos posiblemente constitutivos de delito relacionados con 459 movimientos de alta de personal en plazas de docentes, tras percatarse de que los ‘supuestos servidores públicos’ no ejercían función alguna”, precisó. Jefes y subordinados en dicho plan En ese contexto, habrían participado dos subsecretarios de la administración estatal 2017-2023, así como coordinadores y delegados administrativos, directores de área y subdirectores, tanto de la Secretaría de Finanzas, Educación y de Seguridad de dicho periodo, así como de la Oficialía Mayor y la SECTI de la actual administración, entre otros. “Se identificó que varios de los intervinientes guardan una relación familiar y de estrecha confianza entre sí, por lo que también se detectó que los servidores públicos, al dejar el cargo, continuaban dentro del esquema delictivo y quien lo sustituía en el puesto ocupando esa vacante, era integrado a la red”, acusó la dependencia. De acuerdo con la investigación, se advirtieron diversas irregularidades recurrentes, tales como la ausencia de documentos profesionales, los cuales son indispensables para causar alta como docente. Pese a eso, fueron registrados tanto en el Sistema Integral para la Gestión Administrativa de Personal (SIGAP) de la SECTI, como en la Plataforma “META 4” para la dispersión de nómina de la OM, infraestructura tecnológica que fue puesta en funcionamiento a finales del año 2017. “Cuando un sujeto identificado como Óscar “N” fungía como director general de personal de la entonces Subsecretaría de Administración de la Secretaría de Finanzas del Estado de México e incorporó a los ahora investigados Rodolfo Alejandro “N”, Araceli “N”, Yunuen “N”, Erick “N”, David “N”, Eduardo “N”, Diego Emmanuel “N” y Fabiola Lidia “N”, entre otros, en las Secretarías de Seguridad y de Finanzas. Cabe señalar que previo a su ingreso como servidores públicos, este grupo de personas ya guardaba una estrecha relación de confianza e incluso algunos de ellos participaron en el desarrollo de “META 4”, por lo que, al integrarse como servidores públicos, paulatinamente fueron designados en áreas estratégicas que propiciaron y facilitaron las conductas delictivas investigadas tanto al interior de la Secretaría de Finanzas como en otras dependencias”, relató la dependencia. En ese sentido, ocurrió la detención de Juan Alberto “N”, el pasado 19 de diciembre de 2021, cuando realizaba retiros en un cajero automático ubicado en el centro del municipio de Toluca. Al ser detenido llevaba 164 tarjetas de débito expedidas a favor de servidores públicos que en ese momento estaban adscritos a la Secretaría de Seguridad y tenía en su poder 180 mil pesos en efectivo, por lo que fue puesto a disposición del Agente del Ministerio Público. “Con la finalidad de justificar la posesión de las tarjetas de débito y el numerario, en sede ministerial, su entonces superior jerárquico Rodolfo Alejandro “N”, señaló que: ‘Juan Alberto tenía instrucciones y funciones asignadas para brindar apoyo en gestiones bancarias cuando presentaban fallas las tarjetas y por eso las tenía en su poder’, además de que Eduardo ‘N’, entonces subordinado del investigado, declaró en su entrevista que ‘él le prestó a Juan Alberto el dinero en efectivo que tenía en su poder al momento de ser detenido y le había firmado un pagaré’. En aquel momento, también comparecieron ante el Agente del Ministerio Público, Yesica ‘N’, Freddy Raymundo ‘N’ y Felipe ‘N’, con versiones similares para desvirtuar la acusación”, agregó. Recibían una cantidad inferior En algunos casos, por cada 200 mil pesos recibidos por concepto de sueldo, los “falsos docentes” recibieron 6 mil, en tanto que los servidores públicos de más alto rango que operaban esta red, tanto de la OM como de la SECTI, se quedaban con la mayor cantidad de dinero e incluso tenían estrategias sobre los montos máximos que podían bancarizar. “Es importante señalar que, a pesar de que los capturistas ocupaban los puestos de menor rango dentro del esquema delictivo, se identificó que algunos de ellos realizaron más de 70 movimientos de alta irregularidad y recibían un pago de cinco mil pesos por cada uno. Además, se identificaron patrones tendientes a ocultar dicha actividad, tales como realizar las altas durante la madrugada y alternar mes a mes las cuentas de los capturistas desde las cuales se hacía el registro”, destacó. Dicha investigación indicó que los directores generales, directores de área, jefes de departamento y personal operativo que participaban en este esquema, ya sea que tuvieran acceso o no al SIGAP, realizaban funciones específicas, tales como autorizar las altas, licencias y trámites de pagos o la adscripción de los “falsos docentes” para que fueran asignados a planteles con clave de centro de trabajo inactivo, ubicados en Almoloya de Alquisiras, Amecameca, Ecatepec, Luvianos, Naucalpan, Nezahualcóyotl, Metepec, Tejupilco, Texcoco, Toluca, Zinacantepec y Zumpango. |
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