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| 'Lo que pasó es un ataque directo': familias de desaparecidos dicen que no hay condiciones seguras para protestar durante el Mundial 2026. | ||||||
| Poco a poco, entre trabas, bloqueos, encapsulamientos y descrédito, las autoridades han ido acotando o intimidando a las familias y colectivos que buscan a personas desaparecidas en sus acciones de visibilización, que sostienen con recursos propios. En la víspera del México-Inglaterra, las garantías de seguridad son cada vez menores. | ||||||
| Sbado 04 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: animalpolitico.com | ||||||
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Uno de los más importantes es la ausencia de identificación de los elementos, en motocicleta sin cromática y con el rostro cubierto, por lo que hoy los califica como un “grupo de choque” enviado directamente a disolver una acción de visibilización —anunciada como cascarita—, que se había avisado y conversado con las autoridades. Además, señala que ese fue el punto culminante de una escalada de acciones que han tendido a acotar las protestas de las familias. Entre ellas menciona los policías antimotines desplegados una noche antes de la inauguración del Mundial 2026, los “cinturones de paz” que pretendieron cerrarles el paso al día siguiente, y la disposición de dejar pasar solo a 50 familias, sin medios de comunicación, en la jornada del tercer partido de México. Por eso, él, la madre de Olin, Sandra, y la familia de la joven Ameli, también desaparecida en el Ajusco, optaron por llevar a cabo una entrada “hormiga” al Estadio Ciudad de México el pasado martes. Ahí llevaron a cabo acciones de visibilización, sobre todo con ciudadanos y peatones que llegaban poco a poco al partido, mientras otras madres permanecían frente a la puerta del recinto, sobre la última valla que marcaba el camino de ingreso a vehículos y peatones, el punto más cercano que han alcanzado desde que empezó la justa deportiva. Eran apenas una decena, tras la intimidación que generó la agresión del mediodía. Para él, se trata de acciones que poco a poco han ido mermando la protesta, y que incluso tienen su origen en la oposición de colectivos y familias a las posturas de la Presidencia, como el rechazo al informe del CED de la ONU, la reducción de la estadística del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas o la negación de que en el país existan desapariciones forzadas. “Lo que pasó ahí es un ataque directo de parte de la Secretaría de Gobierno, y salen a decir que mandos y que disculpas. No es cierto, aquí no cabe disculpa alguna, porque ellos traían el plan, vieron, midieron, sabían que esa manifestación se iba a realizar y usaron una estrategia de acercarse a negociar liberación de ciertos carriles; esa estrategia la intentaron dos veces en los ataques que sufrimos”, evalúa el padre buscador. Por lo ocurrido, la Comisión de Derechos Humanos de la Ciudad de México abrió una queja de oficio, a la que se le está dando seguimiento mediante diversas entrevistas con quienes fueron víctimas de la agresión. Sin embargo, para don Fernando solo hay una restitución posible: una reunión directamente con la presidenta Claudia Sheinbaum. “Toda esta violencia en contra de las familias tiene que ver con esa parte de no reconocer esta crisis humanitaria, con la cual vamos a la ONU. Nosotros en este momento por eso queremos un diálogo con la presidenta. Hoy (jueves) hay un diálogo allá en Tabasco con la secretaria de Gobernación, donde ni siquiera metodología ni nuestras propuestas se están recibiendo o dando respuesta; es un diálogo simulado. Nosotros lo que estamos exigiendo es que haya un diálogo nacional y se federalice el delito de desaparición”, apunta. Si acaso algo le han reconocido a la reunión de Tabasco otros colectivos es el hecho de que la secretaria Rosa Icela Rodríguez haya externado una disculpa pública. La funcionaria aseguró que habían tenido información de los propios colectivos de búsqueda sobre una oferta de apoyo de un funcionario local de Jalisco para traslados a la Ciudad de México el 11 de junio. “Ellos mismos dijeron estar sorprendidos con la propuesta, porque no es habitual”, justificó. “Mi comentario sobre el tema fue únicamente para revelar esa acción, pero si ofendí a alguien, si alguien sintió que yo le faltaba al respeto, ofrezco disculpas sinceras, porque de ninguna manera esa fue mi intención. Mi intención solamente era porque hay un tema entre gobiernos, nunca entre los colectivos ni menos de las familias buscadoras, eso se los puedo decir y confirmar; como gobierno reconocemos cada una de las acciones que hacen diariamente”, dijo la funcionaria. Además, familias y colectivos difundieron una carta el 1 de julio para expresar su preocupación por las agresiones, y solicitaron una reunión que tenga lugar el martes 7 con la jefa de gobierno, Clara Brugada, el secretario de Seguridad Ciudadana, Pablo Vázquez; el secretario de gobierno, César Cravioto, y la titular de la Comisión de Derechos Humanos, Dolores González Sarabia. Exigen avances en investigación sobre agresiones Exigen que se presenten ahí avances en la investigación sobre la agresión, cuáles serán las consecuencias y por qué los elementos no estaban identificados cuando llegaron a la Calzada de Tlalpan. “Lo anterior con el propósito de establecer un diálogo directo que permita atender estos hechos y conocer las medidas que serán implementadas tanto para evitar su repetición, como para reparar el daño”, pidieron. “Subrayamos que este escenario de represión no es un hecho aislado, sino la consecuencia directa de una narrativa de hostilidad que se ha gestado desde el Ejecutivo Federal, encabezado por la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo. Denunciamos enérgicamente las declaraciones que pretenden criminalizar y burlarse del dolor de las familias que buscan a sus seres queridos”, apuntaron. El señor Fernando agrega que la secretaría de Gobierno capitalina no les ha garantizado seguridad y los ha puesto en riesgo en todo momento, por lo que cada vez son más difíciles las condiciones para llevar a cabo acciones de visibilización y protesta. Por eso muchas familias proponen que para el partido de México el domingo 5 de julio se haga, si hay consenso, una manifestación en contra de la violencia, pues no hay condiciones seguras para ir al Estadio ni a ningún otro lugar relacionado con la transmisión del partido, tras los decesos en Reforma. “No hay condiciones de seguridad en ninguna parte, y sí debemos pensarlo dos veces el acto de visibilizar, que por supuesto haremos, pero extremando medidas de seguridad y cuidándonos nosotros mismos porque el gobierno en realidad ya vimos que no garantiza seguridad, ni aun cuando se dialoga con ellos directamente”, sostiene. “Nunca dieron garantías”: la agresión y sus secuelas Fernando Vargas, cuyas imágenes al centro de la agresión se hicieron públicas en diversos videos apenas unos minutos después de sucedida, recuerda que el día anterior a la actividad convocada —la cascarita titulada “¿Y si sí nos regresan a los desaparecidos?”—, algunas familias habían tenido una reunión con Cravioto para externarle que las expresiones serían pacíficas, así como hablar del acceso al Estadio Ciudad de México. Prometió que esta vez no habría retenes, mientras las familias enfatizaron que las ha puesto en riesgo todo el tiempo. “Siempre estuvo poniendo trabas, encapsulando, dificultando el acceso al Estadio, por eso es que algunas familias decidimos que íbamos a entrar en operación hormiga; estuvimos frente al estadio hasta que se terminó el ingreso, hicimos la labor de visibilización que pretendíamos”, adelanta lo que pasó más tarde. Al mediodía, Fernando Vargas y Sandra Ojeda llegaron a Calzada de Tlalpan, a la altura de Ermita, con la idea de acompañar un par de horas para después ir al Estadio. La Secretaría de Gobierno se acercó a negociar la liberación de ciertos carriles; dicha estrategia la intentaron dos veces, de acuerdo con el recuento del buscador. Cuando se propusieron liberar, sin embargo, el “grupo de choque” intentó hacer una cuña, con alrededor de 100 elementos. La idea era meter una cuña en el carril central para sacarlos. Se negociaba y empezaba la posible liberación de algunos carriles cuando la utilizaron para atacarles dos veces. Comenzaron a jalonear las mantas. “Ahí es donde nosotros intervenimos en auxilio de los compañeros porque los llevaban arrastrando; es donde está el video donde a mí me dicen que me van a amarrar del poste; logramos recuperar las mantas y en una segunda ocasión vuelven a arremeter cuando supuestamente otra vez se estaba acordando liberar un carril”, explica. Por ello, su conclusión es que en realidad iban con la idea de desalojarles totalmente. Se defendieron entre todos y lograron aglutinarse. No pudieron replegar a los manifestantes, a juicio del señor Fernando también por la torpeza para hacerlo, jaloneando mantas, empujándoles y tirándoles al piso. “Fracasaron en sus dos intentos; hubo un engaño de respetar la manifestación y liberar un carril, fue una trampa”, recuerda. El evento se llevó a cabo al final. Sin embargo, él insiste en que fue una agresión planeada. “Este sí fue un ataque directo, no fue una causa circunstancial o que se haya salido de control. No es cierto que haya algún mando policiaco responsable”, asegura. Incluso, reconoció a un funcionario capitalino que identifica como Juan Gutiérrez Elías, a quien conocía previamente. El buscador sostiene que estaba en el punto, queriendo pasar desapercibido y dirigiendo la operación. Piensa que su idea era “dar una lección” en el contexto de ataques y desprestigio. A esto se sumó una “guerra de bots” que, acusa, comenzó más tarde, tras la agresión, para descalificarles y celebrar el desalojo de las familias. Como consecuencia de ello, las familias atraviesan ahora análisis médicos tras los empujones y el forcejeo, así como la toma de su testimonio. En el aspecto físico, quedaron moretones, luxaciones y diversas dolencias en el cuerpo. “Todos nos cooperamos”: Las familias invierten sus propios recursos Ante la suspicacia expresada desde los más altos niveles de gobierno sobre la posible financiación a colectivos, el señor Fernando responde que el costo de la búsqueda, desde luego, es muy alto para las propias familias, que invierten su propio tiempo y recursos. Además, después resultan agraviados. Por ejemplo, cuando ocurre la primera noticia de la desaparición, todas las familias buscan desesperadamente cómo hacer difusión. “Todos nos cooperamos para pegar mantas y volantes por todos lados, y podría hablarte que desde un primer momento haces una inversión, por ejemplo, de 100 mil pesos”, apunta. Cuando llegan los informes anuales de servidores públicos, ese gasto termina retirado y en la basura, para colocar promoción política. Ese es un dato muy concreto de gasto que no se respeta. “Hay un gasto que se realiza. ¿Qué es lo que hacemos? Hacemos rifas, hacemos cooperaciones; en el caso de nosotros como familia, nuestro propósito de vida, al no estar nuestro hijo, lo poco o mucho que tengamos lo invertimos en este asunto”, añade. Las personas no pueden escatimar, subraya. La familia de Olin agradece también la generosidad de amigos y familia: “Nos han apoyado muy bien; nosotros no hemos recibido un centavo, simplemente les pedimos que manden a hacer playeras, manden a hacer carteles, mantas, y así nos hemos organizado, directamente se contactan proveedores y los amigos han hecho inversiones muy importantes para esta parte de la búsqueda”. Muchos sobreviven de esa manera, más lo que requieren para acceso a medicamentos, muchas veces psiquiátricos, y tratamientos psicológicos particulares por la deficiencia del servicio público. Las acciones de visibilización en torno al Mundial 2026 han traído otros costos que las familias absorben con recursos propios y su creatividad, lo que fue claro cuando colectivos de Ciudad de México se movilizaron a Guadalajara el día del partido México-Corea. “Quisimos ir a Guadalajara precisamente para apoyar a las familias, y para que no estén husmeando y no se metan donde no les importa, porque no pueden estar investigando el origen de recursos que no tienen ninguna facultad para hacerlo, y hoy se cuestiona de dónde vienen este tipo de apoyos”, reclama. Animal Político atestiguó que ese desplazamiento a la capital tapatía se hizo mediante la renta de una camioneta particular que cobró un monto total por el viaje redondo, el cual se dividió entre las 20 personas que ocuparon un espacio. Quien tenía los recursos, los pagó con dinero propio y por otro lado, el colectivo Una luz en el camino organizó la rifa de una licuadora para poder financiar el viaje de varias personas. Incluso el hospedaje de una noche fue solidario, por parte de organizaciones y casas de ayuda humanitaria con sede en Guadalajara. “Esos son los apoyos que también recibimos, entonces ahí está; es cruel tratar de descalificar a las familias desde este punto de vista y meternos a todos a un solo saco diciendo que hacemos juego con la derecha; es completamente absurdo. “Aquí no hay preferencias políticas ni ideológicas ni nada, porque este asunto afecta a toda la población en general; la cantidad de desaparecidos agarra y barre con todos los sectores de la población”, concluye |
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