De Veracruz al mundo
ONGs exigen reactivar actualización del reglamento de las Alertas de Violencia de Género.
Indicaron que esta omisión mantiene procedimientos poco claros, genera discrecionalidad en la actuación de las autoridades y retrasa la implementación de medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.
Jueves 09 de Julio de 2026
Por: La Jornada
Foto: .OCNF
Ciudad de México.- Integrantes de la Red Nacional de Alertistas, Justicia Pro Persona y del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio (OCNF) afirmaron que las Alertas de Violencia de Género contra las Mujeres (AVGM) no pueden seguir siendo mecanismos que existan únicamente "en el papel", por lo que llamaron a los gobiernos federal, estatales y municipales a garantizar su funcionamiento para que recuperen su carácter de acción urgente para proteger la vida de las mujeres.

En conferencia de prensa, María de la Luz Estrada, directora del OCNF; Marina Reyna Aguilar, de la Red Nacional de Alertistas; y Ana Yeli Pérez, directora de Justicia Pro Persona, señalaron que la falta de actualización del Reglamento de la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia (LGAMVLV), obligación legal incumplida desde hace cuatro años, ha obstaculizado la aplicación de las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país.

Indicaron que esta omisión mantiene procedimientos poco claros, genera discrecionalidad en la actuación de las autoridades y retrasa la implementación de medidas urgentes para proteger la vida y la seguridad de mujeres, adolescentes y niñas.

Ante esta situación, el OCNF promovió un juicio de amparo. Al respecto, María de la Luz Estrada informó que obtuvieron una resolución favorable del Poder Judicial, mediante la cual se ordena a las secretarías de las Mujeres y de Gobernación reanudar los trabajos para actualizar dicho reglamento.

"La resolución deriva del amparo promovido por el OCNF contra la omisión del gobierno federal de expedir y publicar las reformas al Reglamento, indispensables para garantizar el funcionamiento efectivo de la AVGM", explicó.

Precisó que el recurso fue promovido contra la Presidencia de la República y las secretarías de las Mujeres y de Gobernación, al ser las autoridades responsables de cumplir con esa actualización legal.

Aunque el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia Administrativa negó inicialmente la suspensión provisional solicitada por el OCNF, el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito revocó esa decisión y ordenó a las autoridades reanudar las labores de dictaminación, integración y consulta del proyecto de reglamento, además de emitir un calendario vinculante para su validación técnica, revisión jurídica y envío a la Consejería Jurídica del Ejecutivo Federal.


Por su parte, Marina Reyna Aguilar advirtió que, pese a años de declaratorias, diagnósticos y compromisos institucionales, la violencia feminicida continúa cobrando la vida de miles de mujeres y persisten graves omisiones por parte de las autoridades.

En ese contexto, anunció el inicio de la campaña "Nos van a ver juntas".

"A partir de hoy iremos juntas para visibilizar los retos, los obstáculos y, en muchos casos, los retrocesos que enfrentan las 26 Alertas de Violencia de Género vigentes en el país", señaló.

A su vez, Ana Yeli Pérez afirmó que la falta de un reglamento actualizado impide que las Alertas de Violencia de Género funcionen adecuadamente.

"Este mecanismo no está funcionando como debería; no sólo no ha mejorado, sino que sigue empeorando y enfrentando obstáculos. También existe una determinación deliberada de obstaculizarlo porque hay una cuestión política de por medio", sostuvo.

Las activistas recordaron que la reforma a la Ley General de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia, publicada el 29 de abril de 2022, estableció un plazo máximo de 60 días para actualizar el reglamento. Sin embargo, aunque ese mismo año organizaciones civiles y personas expertas participaron en mesas de trabajo para elaborar el nuevo texto, el proceso permanece detenido y el país continúa operando con un reglamento de 2013, que ya no corresponde al marco legal vigente.

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