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XALAPA.- Víctimas y colectivos de mujeres denunciaron la falta de funcionamiento de los protocolos de atención, la negativa a tomar denuncias, la insistencia en procesos de justicia alternativa y la violencia institucional que se vive en la Fiscalía General del Estado. Durante una reunión con la Fiscal General del Estado, Lisbeth Aurelia Jiménez Aguirre, las agraviadas le expusieron los retos que enfrentan en la institución, esperando que finalmente se mejore la operación de la misma. En ese tenor, Nancy Torres Castañeda, vocera de la Colectiva Colmena Verde, aseguró que el personal de la Fiscalía busca que se tomen procesos de justicia alternativa y se llegue a acuerdos con los agresores cuando en los casos de violencia de género se encuentra prohibido y además en muchos casos existen varias carpetas de investigación. “Hay muchos momentos por parte de la Fiscalía de situaciones de justicia alternativa cuando es muy claro que hay antecedentes de violencia pues no debería proceder, además de que hay diversas carpetas que se abren por diversos delitos pero que tienen que ver con los mismos agresores”, sostuvo. “Limitante a la que nos enfrentamos cuando llegamos a las fiscalías especializadas donde no quieren tomar la denuncia por violencia vicaria y tratan de generalizarla o incluirla en otro tipo de delitos como viene siendo violencia familiar, eso entorpece mucho los procesos”, sostuvo. La activista explicó que la propia fiscal general admitió que existen múltiples problemas por parte de la institución que se deben trabajar con capacitaciones y consecuencias hacia el funcionariado público que ejerce violencia institucional. “Fue notoria la apertura, la voluntad y también que tiene muy presente la Fiscal General que sí recibe una institución donde se pueden percatar que hay varias inconsistencias, hay varias situaciones en las cuales se debe trabajar de manera interinstitucional y que se deben de implementar acciones efectivas como vienen siendo las capacitaciones, como viene siendo también una oportuna evaluación del personal que labora en esas instancias (…) Que se tenga alguna repercusión cuando hay alguna violencia institucional”, reiteró. Torres Castañeda concluyó que esperan que esto implique que exista un cambio para que finalmente llegue la justicia que requieren las mujeres que han sido víctimas de delitos. “Esperamos la verdad que esta voluntad y apertura sea real y que genere un cambio verdadero en una instancia donde la justicia debe ser garantizada”, concluyó.
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