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XALAPA.- Vaya caso, en el llamado Año de Hidalgo, entre 30 y 40 municipios de Veracruz han presentado presupuestos inflados para 2026, desatando alertas en el Congreso local. Y es que, la consecuencia inmediata de ese hecho es que los municipios en esa condición no podrán aumentar impuestos ni sueldos. Al respecto, la Comisión de Hacienda municipal de la Legislatura del Estado detectó estos "focos rojos" durante la revisión de los proyectos de egresos que las administraciones salientes deben remitir, pero que no estarán en funciones para ejecutar. Los ayuntamientos incurrieron en esta práctica y, al no atender las observaciones de los diputados, se les autorizará únicamente la Ley de Ingresos actual, sin incrementos. El problema no se limita a futuro. Paul Martínez Marie, diputado local integrante de la comisión, estimó que aproximadamente el 40% de los 212 ayuntamientos mantienen cuentas públicas pendientes de solventar ante el Órgano de Fiscalización Superior (Orfis) correspondientes a los ejercicios 2022, 2023 y 2024. En ese tenor, se trata de un doble problema: presupuestos futuros inflados y cuentas pasadas pendientes. Sin embargo, refirió que el Congreso local encomendó al Orfis limpiar esa lista antes de que su directora concluya su periodo. Una de las tareas que tiene por parte del Congreso es precisamente depurar todas esas cuentas que están sin resolver, ya sea que se lleguen a acuerdos de conclusión o se proceda a las denuncias correspondientes, puntualizó el legislador. Para la Cuenta Pública 2024, los alcaldes en funciones aún tienen plazo para responder a las observaciones. Martínez Marie advirtió consecuencias legales, por lo que recomendó a las autoridades municipales devolver los recursos si no pueden comprobar su destino final. De lo contrario, el Orfis podría presentar denuncias ante la Fiscalía Anticorrupción o el Tribunal de Justicia Administrativa de Veracruz. Quien no pueda acreditar el destino final de los recursos tendría que enfrentar la justicia, aseguró. La responsabilidad recae en los funcionarios públicos, no en el ayuntamiento como institución, concluyó.
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