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XALAPA.- Con el objetivo de que las personas agresoras estén obligadas a participar en programas de reeducación, la bancada del PAN en el Congreso del Estado presentó una iniciativa para reformar la Ley de Acceso de las Mujeres a una Vida Libre de Violencia. El proyecto fue entregado por los diputados Indira Rosales San Román, Luz Alicia Delfín Rodríguez, Enrique Cambranis Torres y Fernando Yunes Márquez a la presidenta de la Mesa Directiva, Naomi Edith Gómez Santos. Los legisladores señalaron que la atención a la violencia de género se ha concentrado en las víctimas, mientras que los agresores carecen de procesos que les obliguen a modificar sus conductas. En ese tenor, señalaron que “las mujeres son víctimas, pero deben ser protagonistas de su acceso a la justicia; a los hombres agresores no se les somete a programas que inhiban la violencia”, expusieron. De acuerdo con el Banco Nacional de Datos e Información sobre Casos de Violencia contra las Mujeres (BANAVIM), desde 2008 en Veracruz se han registrado más de 21 mil casos, con 18 mil 564 hombres y mil 630 mujeres señalados como agresores. “¿Se les sancionó, se les sometió a programas reeducativos o siguen ejerciendo violencia?”, cuestionaron los diputados. La propuesta busca que la ley defina los Centros de Reeducación para agresores y que éstos funcionen bajo la coordinación de la Secretaría de Seguridad Pública, la Secretaría de Salud, el Instituto Veracruzano de las Mujeres y el DIF Estatal. Los espacios deberán operar en los 212 municipios y en los centros penitenciarios del estado. El planteamiento incluye que el Poder Judicial ordene en sus sentencias la participación obligatoria en programas de reeducación especializados, gratuitos y con perspectiva de género. Los legisladores advirtieron que, de enero a mayo de 2025, Veracruz acumuló cuatro mil 716 denuncias por violencia familiar y más de ocho mil llamadas de emergencia relacionadas con este delito, según datos del Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública. La iniciativa establece que los Centros de Reeducación deberán contar con personal especializado en masculinidades, psicología, derecho y trabajo social, además de vincularse con organizaciones civiles expertas en la materia. “Uno de los objetivos es que los agresores asuman la responsabilidad de su conducta y no repitan los actos de violencia”, se lee en el documento.
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