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| Alto comisionado de ONUDH condena asesinato de madre buscadora y su hijo. | ||||
| Subrayaron que los buscadores realizan una labor fundamental en un país con más de 127 mil reportes de personas desaparecidas, según cifras oficiales, y 72 mil cuerpos sin identificar. | ||||
| Viernes 25 de Abril de 2025 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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Destacó la importancia de garantizar la protección de las personas buscadoras y continuar la investigación considerando todas las hipótesis sobre el asesinato de la integrante del colectivo Guerreros Buscadores de Jalisco y Jaime Daniel, quienes buscaban a Ernesto Julián, hijo y hermano, respectivamente, desaparecido desde el 24 de febrero del 2024. En redes sociales la ONU-DH expresó: “Saludamos las condenas expresadas al más alto nivel por los ejecutivos federal y estatal. Importante garantizar la protección de las personas buscadoras y continuar la investigación considerando todas las hipótesis, incluida la labor de defensa de #DerechosHumanos". Por su parte, más de un centenar de colectivos y personas buscadoras externaron su “profunda indignación, dolor y solidaridad” por los asesinatos de María del Carmen Morales y Jaime Daniel. Enfatizaron que este hecho “no es aislado”. En un pronunciamiento, firmado por Ángeles de Pie por Ti, Armadillos Brigada de Búsqueda de Personas Ajusco, Buscadoras Guanajuato, Colectivo Raúl Trujillo, Familiares de Búsqueda María Herrera, entre otras, aseguraron que de 2010 a la fecha se han documentado cuatro casos de personas buscadoras desaparecidas y 26 asesinadas. “Esto refleja un patrón que exige una revisión profunda de los mecanismos de protección existentes y un reconocimiento formal de la labor de las personas buscadoras como defensoras de derechos humanos”, resaltaron. Subrayaron que los buscadores realizan una labor fundamental en un país con más de 127 mil reportes de personas desaparecidas, según cifras oficiales, y 72 mil cuerpos sin identificar. Por ello exigieron una investigación “inmediata, imparcial y exhaustiva”, que se garantice el acceso a la justicia y que se tomen medidas concretas y urgentes para proteger a defensores de derechos humanos, principalmente a quienes integran colectivos de familiares de desaparecidos. |
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