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XALAPA.- El informe de la Cuenta Pública 2025 reveló que la Universidad Popular Autónoma de Veracruz (UPAV) comprometió las aportaciones futuras de sus alumnos como garantía para pagar una deuda de 42 millones 710 mil pesos, correspondiente a gratificaciones de asesores solidarios, aguinaldos de coordinadores y pagos a colaboradores de Rectoría y Torre 20. De acuerdo con el Órgano de Fiscalización Superior del Estado de Veracruz (ORFIS), la operación quedó establecida en un adendum firmado en enero de 2025 con la Fundación para la Educación, Salud y Recuperación del Medio Ambiente EDAL, A.C., asociación a la que la Universidad delegó la gestión, administración y dispersión de recursos económicos recaudados por los servicios educativos. En dicho adendum se estableció un esquema en el que EDAL financiaría un adeudo acumulado de la Universidad por 42 millones 710 mil pesos de gasto corriente. La deuda incluía gratificaciones a asesores solidarios, aguinaldos a coordinadores y pagos a colaboradores de Rectoría y Torre 20. Para garantizar su pago, la UPAV comprometió las aportaciones que realizarían sus alumnos en el futuro. La deuda de 42.7 mdp no apareció en los estados financieros. Aunque la Universidad reconoció la existencia de la obligación financiera al firmar el convenio, el ORFIS encontró que no presentó evidencia de que los 42.7 millones de pesos estuvieran reconocidos contablemente en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2025. Para el organismo fiscalizador, esta omisión generó “falta de veracidad, distorsión y opacidad” en la presentación de la información financiera de la UPAV y vulneró disposiciones relacionadas con la protección de su patrimonio y el registro de sus operaciones. El esquema involucró el reconocimiento de una deuda y la garantía de pago con aportaciones futuras de estudiantes. La auditoría encontró que EDAL también tenía facultades para gestionar, administrar y dispersar recursos recaudados por los servicios educativos de la Universidad. El ORFIS revisó el Convenio de Colaboración del 2 de enero de 2025 y su adendum del 15 de enero de 2025 y detectó otra irregularidad: la UPAV no presentó evidencia documental de que las aportaciones, cuotas de recuperación o donaciones recaudadas por EDAL hubieran ingresado a las cuentas bancarias institucionales. Tampoco acreditó que esos ingresos hubieran sido registrados en su contabilidad. El órgano fiscalizador estableció que el hecho de que el dinero de los alumnos fuera depositado físicamente en una cuenta bancaria de un tercero no modificaba su naturaleza de recurso propio de la UPAV. Al tratarse de ingresos derivados de los servicios educativos de un organismo público descentralizado, debieron incorporarse a la contabilidad de la Universidad. ORFIS señala que el esquema evitó controles sobre la nómina. La fiscalización también cuestionó que recursos relacionados con servicios personales fueran dispersados mediante la asociación civil. El ORFIS señaló que este mecanismo contravino el Programa de Consolidación de los Servicios Personales, que establece la centralización en la Secretaría de Finanzas y Planeación (Sefiplan) de las partidas destinadas a servicios personales, nóminas, honorarios, gratificaciones y compensaciones de los organismos públicos descentralizados, independientemente de la fuente de financiamiento. El informe concluye que al permitir la dispersión externa de 42.7 millones de pesos a través de EDAL y omitir su registro en las cuentas institucionales, la UPAV eludió mecanismos de control, transparencia fiscal y consolidación de la nómina centralizada del Estado de Veracruz. Durante la auditoría, tampoco fueron exhibidos diversos documentos que permitieran al ORFIS comprobar la materialidad, legalidad y destino de las operaciones realizadas mediante el convenio. Entre la documentación faltante se encontraba el informe sobre la administración de los recursos recibidos por EDAL, con el que debía acreditarse su utilización en gastos de inversión, ayudas económicas, compensaciones y gratificaciones para apoyos técnico-administrativos, congresos, convenciones, capacitaciones, publicaciones, difusión, eventos y actividades educativas. Tampoco se exhibió evidencia suficiente de que EDAL hubiera realizado en tiempo y forma las gratificaciones a asesores solidarios ni los pagos de gratificaciones, compensaciones y ayudas económicas al personal técnico-administrativo. Entre los documentos requeridos también estaba la evidencia de que la asociación hubiera cumplido en tiempo y forma sus propias obligaciones fiscales ante el Servicio de Administración Tributaria (SAT). UPAV no logró solventar las irregularidades. La Universidad presentó documentación y argumentos después de recibir el pliego de observaciones; sin embargo, tras analizarlos, el ORFIS determinó que no fueron suficientes para solventar las inconsistencias detectadas en el convenio con EDAL. La auditoría financiera de la UPAV abarcó una muestra de 12.8 millones de pesos de ingresos y 12.9 millones de egresos, equivalentes al 60 y 61.81 por ciento, respectivamente, de los recursos reportados en esos rubros. La Universidad registró durante 2025 ingresos devengados por 21.3 millones de pesos y egresos por 20.9 millones. No se determinó daño patrimonial, pero habrá investigación. El informe contiene dos observaciones de carácter financiero y dos recomendaciones. Una corresponde al convenio y al manejo de recursos mediante EDAL y otra a 140 mil 44 pesos pendientes de liquidar o depurar en cuentas por pagar. El ORFIS no clasificó las irregularidades detectadas como daño a la Hacienda Pública de la Universidad. En su dictamen estableció que las observaciones implican incumplimientos legales o deficiencias administrativas por error, omisión o negligencia, pero que no causaron perjuicio a la Hacienda Pública del ente fiscalizable. Sin embargo, el Órgano Interno de Control de la UPAV deberá continuar las investigaciones y promover las acciones que correspondan, además de informar al ORFIS sobre el expediente o procedimiento iniciado. El propio informe precisa que sus conclusiones no liberan a servidores, exservidores públicos o quienes resulten responsables de eventuales responsabilidades civiles, administrativas o penales que pudieran determinar otras autoridades.
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