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XALAPA.- Envuelta en un tremendo escándalo se encuentra la Fiscalía General del Estado (FGE) de Veracruz tras la vinculación a proceso de cinco de sus exfuncionarios, acusados de fabricar delitos con el objetivo de extorsionar a un empresario local. Los exservidores públicos, identificados como Eloy Enrique, Jorge Said, Beatriz, Xóchitl y Jesús Julio, enfrentan cargos por incumplimiento de un deber legal, luego de que se descubriera su presunta participación en la falsificación de pruebas para inculpar al empresario Alberto “N” por el delito de pederastia. Según ha trascendido, los acusados habrían intentado implicar al empresario en un caso de abuso sexual contra un menor en una cancha de fútbol de su propiedad en Medellín de Bravo; sin embargo, la investigación reveló que las pruebas presentadas eran falsas, incluyendo el acta de nacimiento del supuesto menor abusado y la identificación de la presunta madre de la víctima. El caso tomó relevancia luego de que un juez del Poder Judicial del estado desestimara las acusaciones por falta de pruebas contundentes y por la inclusión de información falsa en la investigación. Este escándalo pone en entredicho (de por sí) la integridad de la Fiscalía de Veracruz y genera preocupación sobre la existencia de prácticas corruptas dentro de la institución. Las autoridades han señalado que se llevará a cabo una investigación exhaustiva para esclarecer los hechos y garantizar que los responsables enfrenten las consecuencias legales correspondientes; no obstante, no es garantía para la tranquilidad de la sociedad veracruzana que exige transparencia y rendición de cuentas por parte de las instituciones encargadas de impartir justicia, con el fin de evitar que casos como este sigan socavando la confianza en el sistema judicial del estado ya bastante señalado.
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