XALAPA.- El caso del exfiscal general de Veracruz, Jorge Winckler Ortiz, ha tomado un nuevo giro con su vinculación a proceso por presunta tortura, desatando controversias sobre si se trata de justicia o de una persecución política orquestada por el actual gobierno encabezado por Cuitláhuac García. Y es que hay elementos para pensar que es un preso político. Winckler, quien ya se encontraba en prisión preventiva en el penal de Pacho Viejo por otros delitos, enfrentará ahora un año más tras las rejas debido a la acusación de tortura relacionada con eventos ocurridos en mayo de 2018. La medida cautelar fue ratificada por un juez de control del distrito judicial de Xalapa, Veracruz. La detención del exfiscal se produjo cuando salía del penal del Altiplano, en el Estado de México, donde estaba recluido por cargos de desaparición forzada y privación ilegal de la libertad en modalidad de secuestro. A pesar de haber obtenido un amparo que le permitió cambiar su medida cautelar a arraigo domiciliario, Winckler fue nuevamente aprehendido y trasladado a Veracruz para enfrentar el nuevo proceso por tortura. Las acusaciones contra Winckler están relacionadas con el secuestro y tortura de Francisco Zárate Aviña, exchofer del exfiscal general de Veracruz, Luis Ángel Bravo Contreras, durante el gobierno priista de Javier Duarte de Ochoa; sin embargo, la defensa de Winckler, encabezada por Rodolfo Félix Cárdenas, ha denunciado irregularidades en su detención, argumentando que fue trasladado a Veracruz violando la ley, ya que tenía un proceso penal abierto en el Estado de México. El procedimiento indudablemente plantea interrogantes sobre la legalidad y la imparcialidad del proceso en curso. Por su parte, su defensa asegura que lo que hicieron las autoridades genera un precedente preocupante, ya que su cliente se encontraba bajo la jurisdicción de una autoridad del Estado de México y, abruptamente, se inmiscuyeron las autoridades veracruzanas. En este caso sostienen que primero se tendría que haber que suspendido el procedimiento en Veracruz hasta que terminara el del Estado de México. Con esta nueva vuelta en el caso Winckler, Veracruz se encuentra en el centro de la atención pública, donde la línea entre justicia y política parece cada vez más difusa, dejando a la población con la incertidumbre sobre el destino de uno de los exfuncionarios más protagónicos de la administración pasada.
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