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XALAPA.- No le falta razón al diputado local José Reveriano Marín Hernández, cuando afirma que algunas autoridades de la Secretaría de Educación de Veracruz (SEV) retiran de sus centros de trabajo a docentes señalados por alumnos o padres de familia sin investigar previamente los hechos ni contar con elementos suficientes para determinar su responsabilidad. En ese tenor, lamentó que las denuncias contra maestros en Veracruz pueden derivar en su separación del cargo antes de que se determine si cometieron alguna falta, una práctica que fue cuestionada en el Congreso local por las consecuencias laborales y económicas que representa para los trabajadores de la educación. Durante la sesión de ayer jueves, el legislador señaló que estas decisiones afectan a maestros, directores y trabajadores administrativos, quienes, aun sin una resolución en su contra, enfrentan consecuencias económicas, psicológicas y sociales. Por lo anterior, el también dirigente de la Sección 56 del SNTE presentó una propuesta para exhortar a la SEV a respetar el principio de presunción de inocencia en los procedimientos derivados de quejas y denuncias dentro de los planteles escolares. Y es que, Marín Hernández, quien preside la Comisión Permanente de Educación y Cultura, cuestionó la rapidez con la que algunas autoridades educativas ordenan la separación de trabajadores denunciados, sin considerar las consecuencias de una medida adoptada antes de esclarecer los hechos. Refirió que existen casos de profesores que han sido retirados de sus funciones a partir de señalamientos que, según sostuvo, no cuentan con sustento suficiente, mientras las autoridades omiten valorar las circunstancias de cada denuncia. El legislador también acusó que en algunas escuelas los comités de padres de familia han rebasado sus atribuciones y participan en decisiones que corresponden a las autoridades educativas. Durante su intervención, explicó que la presunción de inocencia protege a cualquier persona frente a acusaciones cuya veracidad no ha sido demostrada y obliga a las autoridades a evitar sanciones anticipadas. Sin embargo, aclaró que ese principio no debe utilizarse para impedir las investigaciones ni para proteger a quienes cometan agresiones contra estudiantes u otras personas. “En ningún momento se permitirá que se agreda a los estudiantes ni a persona alguna, y quien lo haga realmente debe pagar las consecuencias de acuerdo con la ley”, aseguró. El diputado local sostuvo que las autoridades deben investigar las denuncias y determinar las responsabilidades correspondientes, pero sin asumir que una acusación constituye, por sí misma, prueba de culpabilidad. “No se debe continuar criminalizando a docentes, directores o trabajadores del sector educativo a partir de presunciones hechas por la propia entidad pública”, señaló. La propuesta fue presentada como un Anteproyecto de Punto de Acuerdo durante la Séptima Sesión Ordinaria de la LXVII Legislatura y turnada por la Mesa Directiva a la Junta de Coordinación Política.
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