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| Entra en vigor programa para prevenir y sancionar trata de personas. | ||||
| En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación se recalca que en 2003, México ratificó el Protocolo de Palermo, complemento de otros acuerdos internacionales. | ||||
| Martes 27 de Diciembre de 2022 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
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El programa 2022-2024 operará a través de una comisión intersecretarial y tiene como fin atajar este delito, calificado por las autoridades como de violencia extrema y una violación grave a los derechos humanos, el cual hoy extiende sus alcances en redes sociales y converge con otros delitos como desaparición y feminicidio, por lo que las víctimas de ese contexto serían miles. Según reportes nacionales e internacionales la trata puede ser con fines sexuales o laborales, cuyas víctimas son frecuentemente integrantes de los grupos más vulnerables como menores de edad, mujeres, migrantes, personas indígenas, de la comunidad LGBTTTIQ, entre otras. En el texto publicado en el Diario Oficial de la Federación se recalca que en 2003, México ratificó el Protocolo de Palermo, complemento de otros acuerdos internacionales. Sin embargo, acorde con el diagnóstico actual, se reconoce que no se ha logrado una adecuada identificación, investigación y sanción del fenómeno delictivo, lo cual trae como consecuencia que existan sentencias contra personas que no cometieron trata sino de otros delitos relacionados y además, se dificulta acreditar el delito en casos que lo ameritan, “por lo que no siempre se emiten sentencias condenatorias, convirtiéndose en un importante factor de impunidad”. El objetivo del Programa es generar una estrategia de prevención, combate y erradicación para todo el país, y principalmente atender a las víctimas. Las acciones, coordinadas por la secretaría de Gobernación, van desde la reflexión hasta la armonización legislativa con la Ley General en materia de trata y asistencia de víctimas, especialmente para promover la reparación integral en favor de las personas ofendidas, así como su reintegración social. Para ello deberá establecerse un monitoreo especializado de atención, desde la perspectiva de género, enfoques de derechos humanos e interseccionalidad. Igualmente generar políticas públicas en la materia. |
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