| Embargan 130 mde a tres directivos de Iberdrola. | ||||
| El caso pretende demostrar una trama de corrupción polÃtico-empresarial en la que se habrÃan otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación. | ||||
| Martes 21 de Junio de 2022 | ||||
| Por: La Jornada | ||||
El caso pretende demostrar una trama de corrupción polÃtico-empresarial en la que se habrÃan otorgado varias concesiones para construcción de parques eólicos en la que hubo desde sobornos hasta tráfico de influencias y prevaricación. Iberdrola tiene en España al menos cinco procesos judiciales de calado abiertos en su contra. El más grave es en el que está imputado el propio Sánchez Galán y que se refiere a la contratación de un ex comisario de policÃa para espiar y coaccionar tanto a empresarios y directivos de las compañÃas competidoras, como a polÃticos, periodistas y hasta lÃderes medioambientales crÃticos con los megaproyectos de la firma energética, que tiene su sede central en Bilbao. Pero también hay varios casos de menor impacto público, pero que investigan delitos graves, como la manipulación de los precios de la electricidad mediante el vaciado intencionado de pantanos, la expropiación ilegal de un terreno de más de 510 hectáreas para instalar ahà la mayor planta fotovoltaica de Europa, para la que, según un ayuntamiento de la zona, ni siquiera tenÃa licencia. También está el caso que asumió el togado Del Blas, de los tribunales de Castilla y León, para lo que ha contado con varios informes de la FiscalÃa y de los departamentos de lucha contra la corrupción de la Guardia Civil. El caso en investigación es la concesión irregular de autorizaciones para edificar parques eólicos en la región, en un lapso que va de 2003 a 2011. Es decir, ocho años durante los cuales Iberdrola se habrÃa saltado la legalidad para conseguir las concesiones públicas y expandir asà sus inversiones y proyectos energéticos en la zona. Del Blas, quien es el responsable de juzgado número cuatro de Valladolid, desestimó recientemente un recurso presentado por los directivos de Iberdrola en el que le solicitaban la anulación de la orden del embargo de bienes por 130 millones de euros. Esta medida afecta a Pedro Barriuso, quien fue el máximo responsable de la división de renovables de Iberdrola, a Rafael Icaza de la Sota, director de control, y a Ricardo Bravo, ejecutivo de Ibercyl, la filial de Iberdrola en Castilla y León. El caso, que es mucho más amplÃo al afectar a varios lÃderes polÃticos, empresarios y funcionarios, supondrÃa, de confirmarse la hipótesis de la FiscalÃa, que en esos ocho años se habrÃan pagado hasta 80 millones de euros en los sobornos para conseguir las concesiones. En total están siendo investigados cinco funcionarios de alto rango del gobierno autonómico y 11 empresarios, entre ellos los tres directivos de Iberdrola, a los que se señala como los principales inductores de la trama. Iberdrola guarda silencio sobre el caso, de hecho no se ha pronunciado sobre la petición de ayuda económica de uno de los imputados, Icaza, que todavÃa trabaja en la empresa, para cubrir los fondos que reclama la justicia. Lo único que sà figura en sus informes oficiales es que en su reporte anual ya contempla pagar la sanción económica impuesta por el magistrado de 11.25 millones de euros. |
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