XALAPA.- Con todo y las sonadas bofetadas jurídicas que les aplicó la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al echar abajo varios de los acuerdos tomados por la LXV Legislatura del Estado, de mayoría morenista, como la fallida reforma electoral, la diputada Adriana Paola Linares Capitanachi, presidenta de la Mesa Directiva del Congreso, aseguró que los diputados locales sentaron las bases “de una transformación necesaria para Veracruz”, y sin ningún rubor, afirmó que por el trabajo legislativo llevado a cabo por ella y sus compañeros diputados, se merecen "una calificación de 10". Ya encarrerada, dijo desconocer que esta Legislatura esté considerada como una de las peores en la historia de la entidad, al haber tomado acuerdos que pusieron en riesgo la gobernabilidad de algunos municipios como Actopan y Soledad Atzompa. Según sus cuentas, la diputada morenista afirmó que aún en medio de la pandemia los legisladores locales siguieron trabajando aun sin encontrar la forma de hacer frente a dicho evento histórico y culpó a las comisiones del rezago en la discusión y aprobación de iniciativas. "En el caso de las iniciativas que quedan pendientes pues fue trabajo de las comisiones que en algunos casos son integrantes de varias bancadas; algunas se quedaron ahí en el tintero", aceptó. Sin embargo, Linares Capitanachi insistió que no dependió solo de su partido establecer qué iniciativa vale la pena procesar antes o después, pues es un trabajo donde "todas las bancadas, todas las representaciones de si se suben o no se suben las iniciativas". Por fortuna para Veracruz, este viernes 5 de noviembre concluye funciones la LXV Legislatura, y se realizará la sesión solemne del Congreso para instalar la LXVI Legislatura, cuyo periodo comprenderá del 5 de noviembre de 2021 al 4 de noviembre de 2024. Lo malo es que varios de los actuales legisladores se reeligieron, por lo que la próxima podría ser más de lo mismo. Por su parte, el también morenista Nahúm Álvarez Pellico, culpó a los ayuntamientos de haber dejado para el final diversos trámites legislativos como regularización de predios y bajas de vehículos, lo que abonó a que la comisión de Hacienda del Congreso quedara con un pendiente superior a 800 dictámenes. El legislador justificó que no se puede culpar a la comisión que preside de no dictaminar los pendientes, sino que algunos ayuntamientos que realizaron trámites no les dieron seguimiento. "Sacamos muchos dictámenes pero realmente también quedaron otros rezagados, si bien es cierto, la ley no le permite a los ayuntamientos 90 días antes de terminar su administración seguir dando de baja bienes muebles e inmuebles por lo tanto la comisión ya no podemos seguir autorizando bajas", sostuvo. Dijo que a finales de septiembre, por ley, estuvieron imposibilitados para dar seguimiento a estos trámites, en los que previamente se hizo requerimiento de documentación faltante, lo que no fue respondido por algunos ayuntamientos. De paso, afirmó que el rezago se arrastra desde la Legislatura pasada y la entrante tiene como una de sus tareas continuar con el seguimiento de este tema, siempre y cuando las peticiones cumplan con los requisitos marcados por la ley en la materia. Así las cosas.
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