Por Ángel Lara Platas
La democracia mexicana tiene un costo que todos los ciudadanos estamos obligados a financiar. Lo hacemos porque creemos que el voto es la herramienta fundamental para decidir nuestro futuro político, para elegir a nuestros gobernantes y para garantizar la alternancia en el poder. Sin embargo, cuando el organismo encargado de organizar las elecciones queda bajo sospecha por el manejo de sus recursos, la pregunta resulta inevitable: ¿cuánto nos cuesta realmente la democracia y quiénes se benefician de ese gasto?
El Instituto Nacional Electoral (INE) nació con una misión que trasciende la organización de comicios: garantizar la imparcialidad, la transparencia y la confianza ciudadana. Su autonomía fue conquistada después de décadas en las que el poder político tuvo una influencia determinante sobre los procesos electorales. Por eso, cualquier sospecha de corrupción, conflicto de interés o utilización patrimonial de sus recursos no constituye un asunto administrativo menor. Es una amenaza directa a la credibilidad de nuestras instituciones.
Durante años, el INE ha sido vulnerable a los intereses económicos de quienes ocupan sus más altos cargos. Sin embargo, los señalamientos que hoy rodean la gestión de Guadalupe Taddei han colocado a la institución en una situación particularmente delicada.
Las investigaciones sobre presuntas irregularidades en contrataciones, posibles conflictos de interés y utilización indebida de recursos públicos obligan a revisar no solamente los nombres de quienes pudieran resultar responsables, sino también el modelo de administración que permitió que estas prácticas fueran posibles.
El Órgano Interno de Control ha informado sobre diversas investigaciones relacionadas con contrataciones públicas, mientras que la Auditoría Superior de la Federación también ha anunciado indagatorias sobre posibles irregularidades. Estos procedimientos deberán esclarecer los hechos y determinar responsabilidades. Pero, independientemente de su desenlace, existe una conclusión que ya no puede postergarse: el INE necesita una profunda revisión administrativa y financiera.
Durante mucho tiempo, la institución ha manejado presupuestos multimillonarios sin que se conozca una transformación proporcional en sus mecanismos de eficiencia y ahorro.
¿Por qué no se diseñó una política permanente para reutilizar urnas, mamparas, mobiliario y materiales electorales en lugar de adquirirlos nuevamente en cada proceso? ¿Por qué no se desarrollaron programas de recuperación, mantenimiento y almacenamiento que permitieran prolongar la vida útil de estos bienes?
La organización de elecciones no puede seguir sustentándose en la lógica de comprar, utilizar y desechar.
La tecnología también debió convertirse en una prioridad estratégica. Un programa gradual de digitalización, automatización de procedimientos administrativos y modernización de sistemas podría representar ahorros significativos a mediano y largo plazo. No se trata de sustituir indiscriminadamente los mecanismos tradicionales de votación, sino de identificar aquellos procesos en los que la innovación tecnológica permita disminuir costos sin comprometer la certeza electoral.
El INE ha desarrollado una estructura burocrática considerable. Direcciones ejecutivas, unidades técnicas, coordinaciones y áreas administrativas que, en algunos casos, parecen haberse alejado de las funciones sustantivas de la organización electoral.
No se propone debilitar al Instituto ni reducir su capacidad operativa. Se trata de algo distinto: revisar qué áreas son indispensables, cuáles duplican funciones y cuáles podrían integrarse para evitar gastos innecesarios.
El número de empleados debe responder a las necesidades reales de la planeación, organización y ejecución de los procesos electorales, no a compromisos políticos, cuotas de poder o intereses particulares.
La autonomía constitucional no puede convertirse en una patente de corso para construir estructuras administrativas sin controles suficientemente rigurosos.
Desde hace años han circulado denuncias y señalamientos sobre la presunta comercialización ilegal de información del padrón electoral, particularmente en procesos locales, donde la información territorial y nominal puede adquirir un enorme valor político.
El propio INE ha reconocido que investigó posibles filtraciones y denunció ante las autoridades correspondientes hechos relacionados con la presunta venta de información electoral. En 2021, el Instituto informó sobre la detección de ofertas de bases de datos que aparentemente contenían información asociada al padrón.
No se puede afirmar, sin pruebas, que funcionarios del Instituto hayan participado directamente en esas operaciones. Pero tampoco es aceptable que una sospecha de semejante magnitud permanezca sin una explicación pública.
El padrón electoral es patrimonio informativo de los ciudadanos. No es mercancía, no es herramienta de negociación política y mucho menos un instrumento para favorecer candidaturas.
La protección de esa información debe estar acompañada de auditorías independientes, trazabilidad de accesos, controles tecnológicos y sanciones ejemplares para quienes la utilicen indebidamente.
Otro asunto que merece una revisión profunda es la renovación periódica de la credencial para votar.
Actualmente, la credencial tiene una vigencia de diez años, después de los cuales el ciudadano debe tramitar su reemplazo para mantenerla vigente.
Es razonable que un documento de identidad cuente con medidas de seguridad, mecanismos de actualización y controles contra la falsificación. Lo que no resulta razonable es que la ciudadanía tenga que asumir, una y otra vez, las consecuencias de decisiones administrativas cuya justificación técnica y económica debería ser transparente.
¿Se han evaluado alternativas para extender su vigencia? ¿Se han comparado los costos de renovación con los beneficios reales en materia de seguridad? ¿Se han hecho públicos los estudios técnicos que justifican las características, materiales, tecnologías y condiciones de las licitaciones?
Cada proceso de contratación de credenciales representa una operación de enorme dimensión económica. Por ello, debe estar sujeto a una vigilancia extraordinaria.
México mantiene un sistema electoral en el que el INE organiza los procesos federales y participa en la coordinación de elecciones locales, mientras que los organismos públicos locales electorales (OPLE) tienen responsabilidades en las entidades federativas.
Este esquema implica estructuras, presupuestos, personal, instalaciones y procedimientos que, en determinados ámbitos, pueden resultar redundantes.
Ha llegado el momento de analizar seriamente la posibilidad de consolidar en un solo organismo nacional la responsabilidad de organizar las elecciones federales,
estatales y municipales, con oficinas regionales y capacidades operativas suficientes para atender las particularidades de cada entidad.
La propuesta no debe entenderse como una centralización política ni como una subordinación de los procesos electorales a los intereses del gobierno federal. Por el contrario, tendría que construirse sobre un modelo de autonomía, profesionalización, controles territoriales y vigilancia ciudadana.
Un sistema integrado podría permitir economías de escala, compartir infraestructura, homologar procedimientos, reducir duplicidades y establecer criterios uniformes de contratación.
Pero una reforma de esta naturaleza sólo tendría sentido si garantiza la independencia de las decisiones electorales y evita que el poder central concentre una influencia indebida sobre los comicios locales. |
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