Por Ángel Lara Platas
La soberanía no pertenece a los gobiernos, pertenece a la nación. Cuando se utiliza para justificar cualquier decisión del poder, corre el riesgo de dejar de ser una garantía de libertad para convertirse en un instrumento de control político.
De un principio de libertad a una consigna política. Hay palabras que poseen una fuerza extraordinaria en la vida de las naciones: libertad, democracia, justicia y soberanía. Representan conquistas históricas y aspiraciones colectivas, pero también pueden convertirse en instrumentos de la retórica política.
La soberanía nacional evoca la lucha de los pueblos por liberarse del dominio extranjero, decidir su destino y preservar su independencia. Sin embargo, conviene preguntarse: ¿qué sucede cuando quienes gobiernan utilizan ese concepto para justificar sus decisiones o descalificar a quienes las cuestionan?
La soberanía es la capacidad de un Estado para ejercer su autoridad con independencia frente a otros Estados y determinar su organización política dentro de su marco jurídico. En una democracia, tiene una dimensión adicional: significa que el pueblo es el titular originario del poder y que las autoridades lo ejercen en su nombre.
Ambas dimensiones son inseparables: independencia nacional frente al exterior y legitimidad democrática en el interior. Una nación puede defender sus fronteras y, al mismo tiempo, enfrentar problemas de representación, transparencia o debilitamiento institucional. La independencia es indispensable, pero no sustituye a la democracia.
En México, el artículo 39 de la Constitución establece que la soberanía nacional reside esencial y originariamente en el pueblo, del cual dimana todo poder público, instituido para su beneficio.
La disposición es clara: los gobernantes no son propietarios de la soberanía. Ejercen facultades que les confiere el orden constitucional y tienen la obligación de utilizarlas en beneficio de la sociedad.
El artículo 41 complementa este principio al establecer que el pueblo ejerce su soberanía por medio de los poderes de la Unión y de las entidades federativas, conforme a la Constitución y dentro de sus respectivas competencias.
Esto significa que ganar una elección no otorga un poder ilimitado ni convierte la voluntad de una mayoría circunstancial en una autorización para actuar sin contrapesos. La legitimidad electoral debe acompañarse del respeto a la ley, las instituciones y los derechos ciudadanos.
Por tanto, criticar una decisión gubernamental no equivale a atacar a México. Exigir transparencia, denunciar irregularidades o cuestionar una política pública son expresiones legítimas de participación democrática.
¿Cómo se ha distorsionado la soberanía?
Una primera distorsión consiste en confundir al gobierno con la nación. Los gobiernos son temporales; la nación los trasciende. Ningún partido puede atribuirse la representación exclusiva de todos los mexicanos.
Sin embargo, cuando una administración se presenta como la única intérprete legítima de la voluntad popular, sus decisiones pueden llegar a confundirse con los intereses nacionales. En esa lógica, cuestionar al gobierno corre el riesgo de presentarse como una deslealtad a la patria.
Una segunda distorsión aparece cuando la soberanía se invoca para justificar el ejercicio del poder sin suficientes controles. Pero el origen democrático de una autoridad no la exime de respetar la Constitución. La soberanía popular no es un cheque en blanco.
Una tercera consiste en transformar la soberanía en un instrumento de confrontación política. En lugar de debatir resultados, costos o consecuencias de una decisión, se divide a los participantes entre patriotas y supuestos adversarios de la nación. Así, los argumentos ceden su lugar a las lealtades.
Existe también una interpretación equivocada que identifica cualquier cooperación internacional con una pérdida de independencia. Los tratados, los acuerdos comerciales y la participación en organismos multilaterales no implican necesariamente subordinación. Un Estado también ejerce su soberanía cuando decide libremente, mediante sus procedimientos constitucionales, asumir compromisos internacionales.
La cuestión fundamental no es rechazar toda relación exterior, sino preservar la capacidad nacional de decisión y evitar imposiciones ilegítimas.
La soberanía puede cumplir funciones legítimas, como defender el territorio, proteger los recursos estratégicos y preservar la independencia de las instituciones. Sin embargo, también puede utilizarse con propósitos políticos que merecen escrutinio.
Una decisión gubernamental puede presentarse como una causa nacional, aun cuando sus resultados o sus fundamentos merezcan discusión. La invocación del patriotismo no sustituye la obligación de explicar las medidas adoptadas.
Un movimiento puede incorporar la soberanía a su discurso y vincularla con su proyecto ideológico. El riesgo aparece cuando pretende convertir su propia interpretación del interés nacional en la única expresión legítima del patriotismo.
Ante una política cuestionada, la retórica soberanista puede desviar la atención de preguntas esenciales: ¿funciona?, ¿cuánto cuesta?, ¿quién se beneficia y quién asume las consecuencias? Ninguna decisión se vuelve eficaz por presentarse como patriótica.
Las amenazas económicas, diplomáticas o de seguridad pueden afectar intereses nacionales y justificar una defensa firme de la independencia. Pero la firmeza no excluye la negociación ni la cooperación. La soberanía debe medirse por la capacidad efectiva de proteger los intereses nacionales, no por la frecuencia con que se pronuncia su nombre.
Cuando la soberanía se convierte en una prueba de lealtad, las críticas pueden responderse cuestionando las intenciones de quien las formula, en lugar de ofrecer información y argumentos verificables. Es un riesgo para la democracia, porque los ciudadanos no deberían tener que demostrar su patriotismo antes de exigir explicaciones.
La historia mexicana explica la sensibilidad nacional ante cualquier amenaza a la independencia. Las intervenciones extranjeras, la pérdida territorial y las presiones de las grandes potencias forman parte de nuestra memoria colectiva.
Pero la soberanía contemporánea no se defiende únicamente mediante discursos o declaraciones de firmeza. También se fortalece con educación, tecnología, infraestructura, instituciones confiables, seguridad jurídica y capacidad productiva.
Un país que depende excesivamente de un solo mercado o carece de tecnología estratégica puede enfrentar limitaciones materiales para decidir su futuro. Por ello, la soberanía requiere voluntad política, pero también conocimiento, desarrollo económico y capacidad de negociación.
México necesita defender su independencia sin caer en el aislamiento, cooperar internacionalmente sin aceptar subordinaciones indebidas y fortalecer sus instituciones sin confundir la crítica con la deslealtad.
La soberanía y la democracia no son principios opuestos. Se complementan: la primera protege la capacidad de decisión nacional; la segunda garantiza que el poder se ejerza conforme a la voluntad popular y dentro de límites constitucionales.
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