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XALAPA.- Aunque la iniciativa de Ley General para prevenir, investigar, sancionar y reparar el daño por el delito de feminicidio, presentada por el Gobierno Federal ante el Congreso de la Unión, representa un avance para homologar la atención de este delito en todo el paÃs, organizaciones feministas consideran que el verdadero desafÃo será garantizar su cumplimiento. En ese tenor, MarÃa de la Cruz Jaimes, representante del Colectivo Feminista Cihuatlahtolli, afirmó que contar con un nuevo marco legal no resolverá por sà solo la problemática si las autoridades no muestran voluntad polÃtica para aplicar la ley y sancionar efectivamente a los responsables. La propuesta busca unificar el tipo penal de feminicidio y los protocolos de investigación en las 32 entidades del paÃs, con el objetivo de evitar que los casos sean clasificados de manera incorrecta. Además, contempla penas de entre 50 y 70 años de prisión para quienes sean encontrados culpables de este delito. La activista señaló que una legislación con estas caracterÃsticas debió existir desde hace tiempo, pues permitirÃa que todas las fiscalÃas trabajen bajo los mismos criterios y que las investigaciones se desarrollen con perspectiva de género, evitando que los feminicidios sean registrados como otros delitos. No obstante, advirtió que la experiencia ha demostrado que las leyes pueden quedar únicamente en el papel cuando no existe un compromiso real de las instituciones encargadas de procurar e impartir justicia. Más aún, sostuvo que Veracruz continúa siendo una de las entidades donde el feminicidio mantiene altos niveles de incidencia. De la Cruz Jaimes insistió en que la obligación del Estado es proteger la vida y la integridad de las mujeres, además de garantizar que los responsables reciban las sanciones correspondientes, pues la impunidad continúa siendo uno de los principales obstáculos para combatir este delito. La iniciativa será analizada por el Congreso en los próximos dÃas, mientras colectivos y defensores de los derechos de las mujeres esperan que, además de su aprobación, se traduzca en acciones concretas que permitan reducir la violencia feminicida en el paÃs. Asà las cosas.
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