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| Juez frena posible liberación del acusado por el asesinato del defensor indígena Marcos Aguilar. | ||||||
| Las alertas promovidas por la comunidad y defensores de la misma ante la posibilidad de que Manuel “N” fuera dejado libre al parecer surtieron efecto, luego de diversas anomalías denunciadas en su proceso, lo que habría permitido que en la audiencia celebrada este jueves la autoridad judicial rechazara la competencia territorial del asunto. | ||||||
| Jueves 09 de Julio de 2026 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Las alertas promovidas por la comunidad y defensores de la misma ante la posibilidad de que Manuel “N” fuera dejado libre al parecer surtieron efecto, luego de diversas anomalías denunciadas en su proceso, lo que habría permitido que en la audiencia celebrada este jueves la autoridad judicial rechazara la competencia territorial del asunto. El juzgador no entró al estudio de la solicitud de modificación de la medida cautelar de prisión preventiva oficiosa que promovió la defensa del imputado y el desarrollo del proceso queda suspendido de manera temporal hasta que el expediente sea remitido y recibido en un juzgado penal de Guadalajara. La resolución judicial ocurre en un contexto de alerta de los habitantes de la comunidad ubicada en el municipio de Villa Guerrero, al noroeste de Jalisco, y por parte de la Red Nacional de Organismos Civiles de Derechos Humanos "Todos los Derechos para Todas, Todos y Todes". Denunciaron de forma previa la existencia de tácticas dilatorias por parte de los abogados particulares del detenido, quienes no se presentaron a las citas programadas a inicios de semana, lo que provocó el aplazamiento de las determinaciones. La principal preocupación de los representantes legales y de los habitantes de la comunidad indígena radica en el riesgo de que el caso fuera reconducido a jurisdicciones regionales como Colotlán o Tequila. De acuerdo con los denunciantes, la descentralización de estos procesos de alto impacto fuera de Guadalajara expone el juicio a presiones políticas locales y a la falta de condiciones de seguridad para las víctimas y los testigos. Asimismo, existe un rechazo absoluto a cualquier intento de sustitución de la prisión preventiva oficiosa por resguardo domiciliario o libertad bajo fianza, como pretende la defensa del implicado. La comunidad señala que una modificación en la reclusión del imputado representa una amenaza directa para la integridad física de las víctimas indirectas, los testigos y los miembros del pueblo indígena, además de abrir el camino hacia la impunidad en el homicidio del representante agrario. Ante este escenario, las organizaciones que integran la Misión Civil de Observación exigen al Supremo Tribunal de Justicia y al Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco que vigilen de manera estricta que el proceso se mantenga bajo la competencia de los órganos judiciales especializados en Guadalajara. De igual forma, se demanda a la Fiscalía de Jalisco y a la Subsecretaría de Derechos Humanos del gobierno de Jalisco, la implementación de medidas de protección integral para los afectados, así como una postura firme contra los recursos que buscan dilatar el acceso a la justicia en este caso de violencia contra defensores del territorio. |
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