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XALAPA.- Cuestionado sobre la intención de diversas organizaciones de constituirse como partidos polÃticos y los señalamientos que han surgido en algunos casos sobre la participación de ministros de culto e irregularidades detectadas durante el proceso de revisión, el vocero de la Diócesis de Orizaba, Helkyn EnrÃquez Báez, afirmó que la aplicación de la ley y el respeto a las instituciones son fundamentales para brindar certeza a la ciudadanÃa en los procesos relacionados con la vida democrática del paÃs. En ese tenor, aunque evitó emitir una opinión sobre los señalamientos especÃficos en contra de las agrupaciones, el clérigo consideró que corresponde exclusivamente a las instancias competentes investigar los hechos y determinar lo que proceda conforme a la ley. Y es que, en dÃas pasados el INE negó el registro a las organizaciones México Tiene Vida y Que Siga la Democracia. En el caso de la primera, se encontró que al menos 98 ministros de culto en al menos 58 asambleas distritales, lo que va en contra del principio de separación Iglesia-Estado. En ese tenor, el sacerdote señaló que la legislación electoral establece con claridad los requisitos y mecanismos que regulan la conformación de estas organizaciones. Indicó que son precisamente las autoridades electorales las encargadas de delimitar la participación de quienes buscan obtener un registro, además de verificar que el procedimiento se desarrolle conforme a la normatividad vigente. Ante el rechazo del registro como partidos polÃticos nacionales de las dos agrupaciones por parte de la autoridad electoral, el Vocero de la Diócesis de Orizaba reiteró que "para eso existen las leyes electorales que regulan la fundación de asociaciones polÃticas y todo lo que significa una actividad para generarla. A quienes les toca delimitar la acción, la participación y, en algunos casos, investigar qué es lo que sucede, son las autoridades electorales o las que corresponden estos temas, quienes deben investigar y, en algún momento, tomar algunas decisiones", expresó. EnrÃquez Báez concluyó que corresponde a las instituciones competentes realizar las investigaciones necesarias y esclarecer cualquier irregularidad que pudiera existir, actuando siempre dentro del marco legal.
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