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XALAPA.- Vaya caso, el juez Juan Luis Mendoza Rosas está en el centro de una creciente ola de cuestionamientos por presunto nepotismo y posibles conflictos de interés en la Ciudad Judicial de Orizaba, situación que ha causado molestia entre abogados litigantes y usuarios, quienes demandan una investigación inmediata y transparente. De acuerdo con trabajadores y litigantes que diariamente acuden a los juzgados, uno de los principales reclamos es la supuesta presencia de familiares directos del impartidor de justicia en áreas estratégicas de la sala de juicios orales, entre ellos su hija Sareth Jaqueline Mendoza Gaspar, además del reciente ingreso de otro integrante de la familia a la estructura judicial. Los inconformes sostuvieron que estas circunstancias ponen en entredicho la imparcialidad que debe prevalecer en los órganos encargados de administrar justicia y alimentan la percepción de que los cargos públicos se han convertido en espacios reservados para unos cuantos. A lo anterior se sumaron quejas de ciudadanos que denuncian malos tratos y una atención deficiente, hechos que –aseguran– han deteriorado más la confianza ciudadana en las instituciones judiciales. Lo que más preocupa a litigantes y especialistas es que, pese a las constantes inconformidades y señalamientos, ninguna autoridad ha informado sobre investigaciones o revisiones para esclarecer las denuncias. “Quien imparte justicia debe ser el primero en sujetarse a la legalidad y a los principios éticos”, afirmaron abogados consultados, quienes advirtieron que el silencio institucional sólo fortalece las sospechas y profundiza el descrédito de un sistema judicial que desde hace años enfrenta cuestionamientos por parte de la ciudadanía. Para los inconformes, resulta inadmisible que mientras miles de ciudadanos acuden a los tribunales en busca de una resolución imparcial, persistan sospechas sobre privilegios y posibles redes de tráfico de influencia en una institución que está obligada a actuar con absoluta transparencia. Por ello, exigieron la intervención de los órganos internos de control para determinar posibles responsabilidades administrativas o legales, pues advirtieron que una justicia cuestionada pierde legitimidad frente a la sociedad.
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