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| Trabajadores por aplicación protestan por impuesto de 2% por uso de vía pública. | ||||||
| “Si alguna (plataforma) decide trasladarlo a quienes trabajamos en las calles, sería una decisión arbitraria, contraria al espíritu de la ley y una muestra más del abuso con el que operan”, apuntó la UNTA. | ||||||
| Jueves 09 de Octubre de 2025 | ||||||
| Por: La Jornada | ||||||
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Mientras integrantes de Repartidores Unidos de México (RUM) exigen a la SCJN frenar el cobro de ese gravamen porque afectaría sus ingresos, la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación está de acuerdo en que las empresas por aplicación lo paguen y asuman plenamente sus responsabilidades, sin trasladar los costos a sus trabajadores. “Si alguna (plataforma) decide trasladarlo a quienes trabajamos en las calles, sería una decisión arbitraria, contraria al espíritu de la ley y una muestra más del abuso con el que operan”, apuntó la UNTA. El colectivo llamó a los ministros para que, en su decisión, no liberen de responsabilidades a las empresas de plataformas digitales. “Declarar inconstitucional el impuesto equivaldría a ratificar la impunidad fiscal con la que estas corporaciones operan, trasladando de nuevo los costos al Estado y a los trabajadores”, recalcó. En contraparte, docenas de integrantes de RUM realizan una protesta a las afueras de la SCJN, en rechazo al “injustificado” impuesto de 2 por ciento a las entregas por aplicación propuesto por el gobierno de la Ciudad de México por uso de la vía pública. “Seguimos sin conocer todas las repercusiones de la reforma laboral y ahora… ¡¿quieren amolarnos con más impuestos?!”, se lee en una de las mantas con las que protestan. El grupo de repartidores inconformes manifestó su temor por el hecho de que las compañías trasladen los costos a sus ingresos, mediante una mayor carga tributaria, e incluso a los consumidores. Edgar Balderas, de Repartidores Unidos de México, indicó que actualmente pagan por obligaciones fiscales 10.1 por ciento, entre impuestos Sobre la Renta (ISR) y al Valor Agregado (IVA), por lo que en total sus aportaciones tributarias ascenderían a 14.6 por ciento, considerando además el 2.5 que ya pagan por Seguridad Social por la reforma laboral para plataformas digitales que entró en vigor en junio pasado. A lo anterior, abundó, se suman los costos operativos por el mantenimiento de sus vehículos de trabajo, gasolina, licencia para conducir y tenencias, entre otros. El trabajador cuestionó que los recursos sean utilizados para mejorar la infraestructura de la ciudad, “tenemos baches y pavimentación en mal estado” que han ocasionado accidentes. Un reporte del colectivo Ni Un Repartidor Menos reveló que, de 2018 a 2024, se han registrado 12 mil accidentes en la Ciudad de México de trabajadores por aplicación, de los cuales 30 por ciento han sido por fallas en infraestructura y se han registrado al menos 200 muertes. En junio pasado, la Segunda Sala de la SCJN declaró inconstitucional el proyecto de la ministra Yasmín Esquivel Mossa, quien proponía negar el amparo solicitado por la empresa Cargamos Mobility contra el cobro del 2 por ciento. El tema fue retomado por la también ministra Lenia Batres, y la discusión de su propuesta está programada para este jueves. Una comisión de repartidores fue atendida por el área de atención ciudadana de la SCJN, la cual -de acuerdo con Balderas- les indicó que envíen un correo electrónico a la ministra Lenia Batres para programar una audiencia. Indicaron que también pedirán una reunión con el ministro presidente del máximo tribunal, Hugo Aguilar. |
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