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XALAPA.- Con la admisión del amparo de la doctora Marisol Luna, aspirante a la rectoría de la Universidad Veracruzana, se abre una nueva etapa de tensión institucional en la casa de estudios, justo cuando se perfila la renovación del liderazgo rectoral, en un contexto donde la legitimidad del proceso se puso en duda y donde las decisiones judiciales podrían marcar un antes y un después en la autonomía universitaria en México. Y es que, la prórroga de Martín Aguilar en la rectoría de la Universidad Veracruzana (UV) ahora depende de un juez federal luego de que la doctora Marisol Luna informó que fue admitido el amparo que presentó contra la prórroga otorgada a la actual administración de la institución, en un hecho que calificó como “logro jurídico” significativo, por tratarse de una acción que desafía precedentes sobre la autonomía universitaria y pone sobre la mesa presuntas violaciones a derechos humanos. Luna explicó que el auto de admisión representa un avance clave en su lucha por garantizar legalidad y transparencia en el proceso sucesorio de la UV, actualmente bajo cuestionamientos por presuntas irregularidades en la interpretación de la Ley de Autonomía y la Ley Orgánica. La también exabogada general de la Universidad denunció que la Junta de Gobierno se excedió en sus facultades al crear un procedimiento especial para atender la solicitud de prórroga del actual rectorado. Este procedimiento –señaló– no está contemplado ni en la Ley de Autonomía ni en el Reglamento Interno del propio órgano colegiado. “La autonomía de las universidades no debe implicar un régimen jurídico paralelo”. La agraviada afirmó que, en este caso, se utilizó como escudo para justificar una decisión que, a su juicio, vulnera derechos fundamentales tanto de la comunidad universitaria como de los propios aspirantes a la rectoría. Entre los derechos que considera transgredidos, destacó el de los miembros de la comunidad universitaria a participar en un proceso de auscultación real, sin manipulaciones, y el de los aspirantes a contender en igualdad de condiciones. Además, Luna destacó que el Juzgado que admitió el amparo encontró indicios de posible inconstitucionalidad y violaciones legales en el procedimiento de prórroga. Estos elementos serán analizados a fondo durante el desarrollo del juicio, que se encuentra en su fase inicial. Explicó que “la admisión del amparo no es una victoria definitiva, pero sí un paso crucial”. Dijo que en los próximos días se celebrará una audiencia incidental en la que se decidirá si se concede una suspensión provisional de los efectos de la prórroga. En caso de una resolución negativa, anticipó que existe la posibilidad de interponer un recurso ante el tribunal colegiado. “Ambas partes tenemos derecho de inconformarnos. Esto no es una posición triunfalista; vamos paso a paso, hasta donde las posibilidades jurídicas y los tiempos nos lo permitan”, expresó. La académica y jurista también arremetió contra quienes han sostenido que la prórroga ya estaba “en firme” y que los jueces no tenían nada más que resolver. “Falso de toda falsedad”, sentenció, recordando que el amparo admitido demuestra que aún hay elementos sustanciales por analizar y debatir en los tribunales. Subrayó que esta es la primera vez que recurre al juicio de amparo y que lo hace no sólo como parte interesada, sino desde su formación jurídica. “Soy abogada y, como es lógico, proceso como abogada. Además, como exabogada general de la Universidad, sé que estamos frente a una ilegalidad sin precedentes”. La decisión de acudir a los tribunales también obedece –según dijo– a solicitudes recibidas de colegas universitarios que consideran necesario frenar lo que consideran una actuación fuera del marco normativo. “Algo debíamos intentar para no sólo tratar de parar la ilegalidad, sino también para buscar no continuar en manos de quien no ha sabido responder a la altura de las circunstancias”, destacó, en una crítica abierta a la actual administración universitaria. Así las cosas.
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