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XALAPA.- Vaya caso, de acuerdo con el diputado federal por Coatepec Adrián González Naveda, la Fiscalía General de la República (FGR), a través de su representación en el estado, ha incurrido en omisión en la persecución de los delitos ambientales, pues “los fiscales respectivos no están actuando como deberían en este tipo de asuntos”. El legislador federal de Morena aseguró contar con testimonios de muchos delitos ambientales, donde están las pruebas, donde la puesta a disposición se hace bien y la FGR en Xalapa deja libres a los presuntos delincuentes. Citó como ejemplo las denuncias presentadas contra taladores, contra gente que tiene en su posesión fauna prohibida, los han dejado en libertad sin argumentación alguna, pese a la existencia de elementos que prueban los delitos ambientales. En lo personal, dijo que en la comunidad de La Laguna, municipio de Coatepec, está en una lucha permanente contra la explotación ilegal de minas de arena. “Existe ya la denuncia penal por parte de la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa), quien coadyuva con el Ministerio Público en materia de delitos ambientales. La Profepa ya hizo la clausura y ya dieron parte a la FGR diciendo que esta gente está cometiendo un delito porque ya violó sellos de la Profepa y la FGR no avanza en ese caso gravísimo”, destacó. El legislador acusó que hay omisión de los fiscales y lo que procede es que una vez que Profepa acuse al lugar y atestigua que se está cometiendo un delito ambiental y pone sellos y el particular los viola, eso ya es un delito de carácter penal, establecido en el Código Penal y es donde ya se le da parte a la FGR para que acuda, toda vez que se está constituyendo una actividad antisocial y delincuencial, pero aquí es donde nos topamos con pared, porque la FGR ya no está. Dijo que desde la Cámara de Diputados, en reiteradas ocasiones, ha exhortado a la FGR que atienda estos requerimientos, pero que ahora lo hará públicamente y platicar con los responsables de esta instancia, “porque estamos seguros de que esto se puede resolver, pues es del conocimiento de los fiscales”, concluyó. Por otro lado, integrantes del colectivo Pueblos Unidos de la Cuenca La Antigua por los Ríos Libres y Limpios (Pucarl) obtuvieron un amparo con el que buscan combatir la contaminación que se ha detectado en el cuerpo de agua y protegerlo para que no persista. Al respecto, el abogado Javier Martínez Esponda, co-coordinador en Territorios Diversos para la Vida, explicó que el pasado 24 de abril presentaron la demanda de amparo ante el Juzgado Decimoquinto de Distrito. La jueza federal lo admitió, pero también definió que, mientras se resuelva el caso y hasta que se dicte una sentencia, las autoridades deben tomar acciones para mantener limpia el agua. “En este caso estamos hablando de la Conagua, del organismo Golfo de México y de 14 ayuntamientos, que están obligados a tomar una serie de medidas que puedan garantizar que la calidad del agua del río La Antigua, mejore. Esto es extraordinario, algo que no había pasado”, expresó. Afirmó que existe una grave contaminación fecal a lo largo y ancho de la cuenca del río La Antigua, ante la absoluta desarticulación de los gobiernos, quienes aunque están obligados constitucionalmente a garantizar el saneamiento de los cuerpos de agua, no lo hacen. Buscan además que el río sea reconocido y se le garantice su personalidad jurídica; de la misma forma, que las personas que han tomado acciones de cuidado y protección, puedan ser reconocidas como sus guardianes, “como sus cuidadores, como sus legítimos defensores”. Refirió que en los próximos días tendrán una audiencia provisional, donde la jueza tendrá que tomar una decisión, si convierte para definir si habrá una suspensión provisional o definitiva en el río. Dijo que se estima que el 54 por ciento del río está fuertemente contaminado de E- Coli, es decir, bacterias fecales; el 21 por ciento también tiene otro tipo de contaminación.
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