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XALAPA.- Ante la falta de consensos el Senado quedó pendiente las reformas para regular el trabajo notarial que impulsaba la senadora, Olga Sánchez Cordero, el Colegio Nacional de Corredores Públicos, confió en que la próxima legislatura que llegará tas las elecciones del 2 de junio convoque a todos los sectores involucrados para elaborar una reforma integral e inclusiva que beneficie a la ciudadanía. El presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, Eduardo Ruiz Orozco, comentó: “De entrada el hecho de que ya no se haya aprobado esta iniciativa en esta Legislatura consideramos que abre una gran oportunidad para que en la Legislatura que viene se haga un trabajo con una finalidad de integración, de inclusión en beneficio de la ciudadanía”. Destacó la importancia de legislar en materia de asignación de nombramientos, de fedatarios públicos ya sea notarios, corredores, mediadores privados y lo que implica su regulación pues ello será en beneficio principalmente de la ciudadanía. En ese sentido confió en que los próximos legisladores discutan y en su caso aprueben una reforma integral sobre el trabajo notarial pues recordó que en el artículo sexto apartado C de la constitución de la Ciudad de México ya se reconoce el acceso a los servicios notariales como un derecho a la seguridad jurídica. Por ello, pidió que no se creen distinciones o categorías en la prestación de servicios jurídicos, notariales o de fe pública que puedan afectar a unos frente a los otros. La propuesta para regular el trabajo notarial fue presentada por Sánchez Cordero en enero de 2022 y pretendía establecer el rol social de la actividad notarial en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, a fin de evitar “la creciente colonización de otros sistemas jurídicos”. Sin embargo, provocó una gran polémica y reacciones tanto de notarios que rechazaron la intención de que dejaran de ejercer después de los 70 años; mientras que los corredores se quejaban de discriminación al retirarles facultades como fedatarios públicos. En ese contexto, el presidente del Colegio Nacional de Corredores Públicos, consideró que la idea es que “cualquier iniciativa que pretenda regular la prestación de servicios de fe pública sean encaminadas a beneficiar a la sociedad, a darle acceso a estos servicios como una garantía de que va a darle seguridad jurídica a los actos o hechos donde estos fedatarios intervengan”.
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