Andi Uriel Hernández Sánchez
El lunes 17 de febrero, el diario Milenio, de circulación nacional, publicó los resultados de una investigación sobre la eficacia del Sistema Nacional Anticorrupción durante los seis años de administración del ex presidente Andrés Manuel López Obrador. En dicho reportaje se revela que las Fiscalías Anticorrupción no han tenido mucho éxito en investigar y condenar a los funcionarios públicos corruptos, muy a pesar de que la promesa de combatir este flagelo fue la principal bandera electoral de Morena en 2018.
El reportaje de Milenio encontró que, en los seis años de la anterior administración, las 32 fiscalías anticorrupción de las entidades federativas iniciaron 69 mil 735 carpetas de investigación en contra de funcionarios señalados por cometer presuntos actos de corrupción. Sin embargo, de ese total, sólo se consiguieron 625 órdenes de aprehensión y de éstas sólo 543 derivaron en vinculaciones a proceso y únicamente se consiguieron 245 en sentencias.
Es una diferencia abismal, pues de casi 70 mil investigaciones iniciadas por corrupción, únicamente 245 llegaron a convertirse en una sentencia en contra de los corruptos, lo que representa apenas el 0.35% de todas las carpetas iniciadas entre 2018 y 2024.
Las investigaciones iniciadas fueron desde desvío de recursos públicos, extorsión hacia los ciudadanos, tortura en el sistema judicial, tráfico de influencias, gasto sin comprobar hasta colusión con el crimen organizado, pasando por muchas y variadas formas de corrupción gubernamental que ocurrieron en tiempos de la cacareada “Cuarta Transformación” del país.
El mismo reportaje señaló que, según datos de la Encuesta Nacional de Calidad e Impacto Gubernamental (ENCIG) 2023 del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi), del 100% de ciudadanos que fueron víctimas de algún acto de corrupción, únicamente el 4.8% denunció a los funcionarios, lo que deja una cifra negra de 95.2% de delitos sin denunciar. O sea que el universo de actos de corrupción en el sexenio obradorista es mucho más grande que los contenidos en las casi 70 mil carpetas de investigación iniciadas.
La misma Encuesta revela que más del 14% de los mexicanos mayores de 18 años que tuvieron algún contacto con funcionarios o dependencias gubernamentales fue víctima de algún tipo de corrupción, esta tendencia no ha tenido ninguna variación significativa desde el año 2013. En el 59% de estos incidentes estuvieron involucrados servidores relacionados con la seguridad pública y con la procuración de justicia y las fiscalías. Lo que explica la gran desconfianza que los mexicanos siguen teniendo a estas instituciones.
Estos datos desmienten contundentemente el discurso del ex presidente López Obrador quien sostuvo hasta el final de su mandato que la corrupción había terminado tan pronto él asumió el poder en 2019, sin embargo, durante toda su gestión los medios de comunicación, las instituciones independientes de investigación y ex funcionarios de su gobierno denunciaron diversos actos de corrupción.
El más grande escándalo de corrupción ocurrido dentro del gobierno federal fue el caso de Seguridad Alimentaria Mexicana (Segalmex), de la cual sus directivos desviaron más de 11 mil millones de pesos que debieron destinarse a programas para aumentar la producción agrícola con miras a lograr la independencia alimentaria y para garantizar la distribución de alimentos básicos en el país, particularmente entre las poblaciones más pobres.
La cifra del millonario desfalco fue mucho mayor a los 7 mil 600 millones de pesos desviados por la SEDESOL en lo que se conoce como “La Estafa Maestra” ocurrida durante el sexenio del ex presidente Enrique Peña Nieto, en su momento el mayor escándalo de corrupción gubernamental.
Vale decir que los desfalcos en Segalmex fue reconocidos por AMLO durante sus mañaneras y únicamente se separó de sus cargos a los funcionarios que estaban al frente de esta dependencia y se iniciaron investigaciones, pero ninguno ha sido oportunamente castigado.
Y a nivel internacional, organizaciones que se encargan de medir la transparencia y honestidad de los gobiernos tampoco han proporcionado una calificación positiva a México. El Índice de Percepción de la Corrupción (IPC) de Transparencia Internacional en 2019 daba a México 28 puntos sobre 100, siendo 100 puntos la ausencia total de corrupción y cero la máxima corrupción posible. Pues bien, para 2024, el puntaje del gobierno mexicano cayó al nivel más bajo desde 1994, alcanzando 26 puntos. Con ello México se situó en el lugar 140 de 180 países evaluados, cayendo 14 lugares respecto al mayor logro de la administración pasada.
En suma, los datos y cifras estadísticas son muy contundentes: durante el sexenio pasado la corrupción al interior del gobierno no desapareció, al contrario, se incrementó y el discurso de que se iba acabar con la corrupción hasta la raíz, resultó falso. Ahora estamos en pleno “segundo piso” de la Transformación y no hay porqué esperar cosas diferentes.
Todos estos son también elementos que confirman que el discurso utilizado por Morena en 2018 fue un simple gancho para convencer a millones de mexicanos de que votarán por ellos, con la única intención de renovar la confianza de las mayorías en el decadente sistema económico y social que nos rige, principalmente el voto de los trabajadores cada vez más pobres y descontentos, pero una vez en el poder nunca tuvieron intención de cumplir su palabra, menos ahora que el partido gobernante se llena cada vez más de los representantes más nefastos de la política mexicana.
La corrupción no es solo un problema moral, tiene sus raíces en el sistema económico injusto que nos rige, que permite que unos pocos se enriquezcan a costa del trabajo de las mayorías que cada día se vuelven más pobres, por tanto, no puede desaparecer por decreto ni por pura buena voluntad u honradez de algún presidente, para que de verdad desaparezca debe modificarse o desaparecer el sistema económico que le da origen y por el que existe.
Así pues, la verdadera lucha de los trabajadores inconformes y que viven cada día de peor manera no solo debe ser en contra de la corrupción de los gobernantes y sus nocivos efectos sino en contra de todo el sistema económico que nos rige. |
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