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| INE pedirá a ASF auditar contratos desde hace 10 años. | ||||||
| De acuerdo con el proyecto discutido en la sesión extraordinaria del Consejo General este jueves, la investigación comprenderá órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales. | ||||||
| Jueves 05 de Noviembre de 2026 | ||||||
| Por: El Heraldo de México | ||||||
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De acuerdo con el proyecto discutido en la sesión extraordinaria del Consejo General este jueves, la investigación comprenderá órganos centrales, delegacionales y subdelegacionales, así como la intervención de proveedores y terceros en los términos que autorice la ley. “El presente acuerdo tiene por objeto solicitar la fiscalización de la función de adquisiciones del Instituto, esto es, del ejercicio de recursos públicos asignados para el cumplimiento de las funciones y atribuciones legalmente otorgadas”, se lee. Lo anterior, luego de que se dio a conocer, a través de videos difundidos por medios de comunicación, cómo la exconsejera presidenta del INE, Guadalupe Taddei, se relacionaba con el empresario José Alfredo Hernández Casillas, contratista del INE que ganó millones de pesos en materiales electorales. El documento también estableció que la Secretaría Ejecutiva del Instituto presentará de manera periódica ante el Consejo General el inventario de actuaciones identificadas, fechas, estado documentado y documentación remitida. “La Secretaría Ejecutiva coordinará la atención administrativa sin filtrar, excluir o condicionar el suministro de información ni impedir las comunicaciones directas entre la Auditoría Superior de la Federación y las unidades requeridas. Las áreas deberán identificar faltantes y causas de indisponibilidad documental bajo su responsabilidad”, detalló el proyecto. La consejera Carla Humphrey subrayó la importancia de que la Auditoría Superior de la Federación lleve a cabo esa fiscalización, pues argumentó que, al recibir el dinero público, el INE asume una responsabilidad y tiene el deber de devolverlo convertido en servicios útiles, decisiones honestas y confianza ciudadana. “La ciudadanía mexicana tiene derecho a saber qué compramos, por qué lo necesitamos, cuánto pagamos y quién recibió el contrato y si cumplió términos de entrega oportuna y de calidad pactada. También en el derecho de conocer qué se hizo institucionalmente con retrasos, entregas incompletas o servicios deficientes”, agregó. El consejero Arturo Castillo criticó los “súper poderes” que le otorgó el Poder Legislativo a la exconsejera presidenta, Guadalupe Taddei, y a la Junta General Ejecutiva, pues resaltó que esta acción trajo consigo varias consecuencias. “Esta súper facultad fue mortal para efectos de la vigilancia. Quedamos simple y sencillamente fuera de toda posibilidad de vigilar cómo funcionaba la administración de la institución y esto creo que fue un factor muy relevante para que el día de hoy estemos en la crisis en la que estamos y para que también los hechos que se han denunciado hayan llegado hasta donde llegaron”, puntualizó. |
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