De Veracruz al mundo
Absuelve juez a empresarios de Córdoba de acusaciones por fraude procesal; defensa argumentó que se trató de un asunto familiar y privado .
Los aludidos señalaron que, así como fueron en su momento exhibidos de ser culpables de un delito, hoy también se les reconozca públicamente que no fueron culpables.
Viernes 30 de Octubre de 2026
Por: REDACCION GOBERNANTES
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XALAPA.- Luego de que en el año 2023 se les acusó de fraude procesal por parte de otro empresario y de que después de 3 años demostraron su inocencia, los empresarios Manuel Rodríguez Fernández, Isabel Rodríguez Valcárcel y Celia María Rodríguez Valcárcel obtuvieron el sobreseimiento total dentro del proceso penal 97/2023, tramitado en el Distrito Judicial de Veracruz. Los aludidos señalaron que, así como fueron en su momento exhibidos de ser culpables de un delito, hoy también se les reconozca públicamente que no fueron culpables. La determinación respecto al sobreseimiento fue emitida en audiencia el pasado 9 de octubre de 2026. De Manuel Rodríguez Fernández e Isabel Rodríguez Valcárcel, sobre los delitos de fraude y fraude específico; en el caso de Celia María Rodríguez Valcárcel, incluyó también fraude procesal, donde todos resultaron inocentes. De acuerdo con la defensa a cargo del abogado Luis Enrique González Lira, titular de la firma Lira & Asociados, la razón decisiva del sobreseimiento fue que, a partir de los razonamientos contenidos en las resoluciones previas, quedó establecido jurídicamente que los hechos atribuidos nunca configuraron delito alguno, al tratarse exclusivamente de cuestiones de carácter familiar y privado que fueron utilizadas de manera dolosa y ajena al derecho. La defensa refirió que el resultado actual actualiza de forma contundente un asunto que, durante 2023 y 2024, dio lugar a publicaciones que vincularon indebidamente sus nombres con señalamientos falsos. Señaló que en noviembre de 2024 la Primera Sala del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Veracruz revocó la vinculación a proceso de Isabel Rodríguez Valcárcel y Manuel Rodríguez Fernández, dictó auto de no vinculación y ordenó levantar todas las medidas cautelares (extendiéndose el beneficio a Celia María Rodríguez Valcárcel). En junio de 2025 el Juzgado Cuarto de Distrito en Boca del Río negó el amparo a la parte denunciante y concedió la protección federal a la familia, ordenando reiterar la no acreditación de los delitos. Y en abril de 2026 dicha sentencia fue confirmada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, pavimentando el camino hacia el sobreseimiento total decretado el pasado 9 de octubre. El abogado señaló que para las personas involucradas, la trascendencia de este fallo alcanza el ámbito personal y reputacional, pues sus nombres fueron expuestos públicamente en su momento bajo acusaciones que hoy la justicia ha derrumbado por completo al comprobarse la total inexistencia de datos de prueba o elementos constitutivos. Ante el evidente daño económico, social y, sobre todo, moral causado a los integrantes de la familia por esta campaña de desinformación e imputaciones infundadas, el equipo legal informó que se encuentra evaluando y preparando las acciones jurídicas y contrademandas correspondientes contra quienes resulten responsables de la manipulación de este conflicto de origen estrictamente privado. En mayo de 2023, Joaquín Rodríguez Fernández denunció públicamente a la jueza de control Ihali Patricia Armas Márquez, adscrita al decimoséptimo distrito judicial de Veracruz. El empresario afirmó que la juzgadora incurría en presunto abuso de autoridad y corrupción, acusándola de "pactar en lo oscurito" con los señalados para frenar las órdenes de aprehensión vigentes en el proceso penal 97/2023 a cambio de beneficios económicos. El empresario de la región de Córdoba acusó formalmente a su hermano Manuel y a sus sobrinas, Celia María e Isabel Rodríguez Valcárcel, de orquestar un quebranto financiero estimado en más de 30 millones de pesos. De acuerdo con sus declaraciones, fue víctima de un esquema de despojo operativo desde 2015, el cual incluyó la falsificación de firmas y documentos para apoderarse de cuentas bancarias, propiedades y un millonario legado de herencia familiar en el extranjero. Así las cosas.

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